En un giro histórico en la administración de justicia en España, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha adoptado una posición contundente al solicitar la aplicación de la amnistía para los líderes independentistas catalanes implicados en el desafío secesionista conocido como el ‘procés’. Esta instrucción singular se ha enviado a los fiscales del Tribunal Supremo involucrados en el juicio contra estas figuras, enfatizando la inclusión del delito de malversación entre los delitos a ser amnistiados.
Álvaro García Ortiz ha procedido a elaborar y compartir un informe jurídico detallado con la jerarquía fiscal, convergiendo en una Junta de Fiscales de Sala que tendrá lugar el próximo martes. Esta convocatoria tiene como finalidad cristalizar una postura unificada de la Fiscalía concerniente a la amnistía de los condenados y procesados por el máximo tribunal del país. Este giro procedimental busca dar respuesta a las peticiones previas emanadas de los fiscales del ‘procés’, quienes han manifestado su reluctancia a incluir el delito de malversación bajo el paraguas de la amnistía, salvo postura contraria por parte del Fiscal General.
La pauta marcada por García Ortiz también abarca la posibilidad de extender la amnistía al exvicepresidente Oriol Junqueras, así como a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, todos en curso de cumplir penas de inhabilitación por malversación. Además, se contempla la inclusión de Carles Puigdemont y otros dos exconsellers que se hallan fuera de jurisdicción española, alegando malversación y desobediencia, dentro de esta amnistía.
La resolución de aplicar la amnistía a estos delitos, según declara el Fiscal General del Estado, conlleva la consecuencia directa de declarar amnistiadas todas las conductas objeto de los procedimientos judiciales predichos, así como el levantamiento de las medidas cautelares vigentes contra algunos de los acusados, específicamente mencionando a Puigdemont, Comín y Puig.
Esta decisión supone un antes y después en la política judicial de España con respecto al ‘procés’, suscitando un amplio espectro de reacciones en el panorama político y judicial. La inclusión de delitos de entidad considerable en la amnistía ha generado un amplio debate, polarizando las opiniones entre el apoyo y el rechazo hacia esta medida sin precedentes. Este movimiento abre numerosas cuestiones sobre las futuras relaciones entre el gobierno central y las autoridades catalanas, así como las implicaciones para el ámbito político y legal español en su conjunto.
