El mercado inmobiliario en España se encuentra en un punto de inflexión ante la inminente implementación del nuevo Plan Estatal de Vivienda, programado para entrar en vigor en 2026. Este plan, impulsado por el gobierno de Pedro Sánchez, tiene como objetivo aumentar considerablemente el presupuesto destinado a la vivienda pública. Sin embargo, la reciente evaluación de la Intervención General de la Administración del Estado señala que, de los 4.175 millones de euros asignados al Ministerio de Vivienda para el año 2024, solo se ha ejecutado un 41,6%, lo que ha generado inquietud entre los especialistas del sector.
Mercedes Blanco, figura relevante en el ámbito inmobiliario y CEO de Vecinos Felices, ha subrayado la necesidad de ir más allá de las buenas intenciones y de establecer una planificación disciplinada y a largo plazo en materia de vivienda. En sus declaraciones, enfatiza que un presupuesto claro y transparente es fundamental para asegurar que el mercado de alquiler sea accesible y sostenible para todos los ciudadanos.
Uno de los aspectos destacados del nuevo plan es la creación de una empresa pública de vivienda, que comenzará su actividad en la primera mitad del próximo año. Este organismo se encargará de gestionar hasta 30.000 viviendas del «banco malo», con 13.000 unidades listas para ser ocupadas de inmediato. No obstante, Blanco recalca que para que este plan cumpla su propósito, debe tener en cuenta no solo las necesidades urgentes, sino también los beneficios a mediano y largo plazo.
En un entorno donde los patrones demográficos y sociales están en constante cambio, como el aumento en la cantidad de familias monoparentales, la adaptación de políticas se vuelve necesaria. Blanco aboga por aumentar la edificabilidad y permitir la segregación de fincas en áreas prioritarias para mejorar la densidad urbana. Asimismo, propone la creación de infraestructuras que faciliten el acceso a viviendas situadas a una distancia considerable de los centros urbanos.
Además, Blanco destaca la falta de utilización de fondos destinados a iniciativas como el Bono Alquiler Joven, que cuenta con un presupuesto de 200 millones de euros, pero cuya aplicación se ha visto limitada por la falta de convocatorias en diversas comunidades autónomas. Para ella, garantizar un mercado de alquiler accesible y sostenible es vital, y esto puede lograrse mediante un aumento en las licencias para convertir locales comerciales en viviendas, evitando que esta reconversión dependa únicamente del sector privado.
Blanco advierte que sin la participación activa y responsable del sector público, las soluciones a los problemas habitacionales serán insuficientes y el reto estructural de la vivienda persistirá. Por ello, recalca la necesidad de redistribuir de forma adecuada los ingresos generados por el mercado inmobiliario. En un país donde el sector inmobiliario juega un papel crucial en las finanzas del Estado, es esencial que una parte de esos recursos se destine a políticas de vivienda que sean efectivas y sostenibles.
