Un reciente fallo judicial en Baleares ha establecido un hito importante en la interpretación de la legítima defensa en situaciones de robo a domicilio. El Tribunal Superior de Justicia ha confirmado la absolución de Pau Rigo, un hombre de 84 años, que en 2018 disparó y mató a un intruso en un intento de robo violento en su hogar en Porreres. El jurado dictaminó que Rigo actuó en legítima defensa, lo que lo exime completamente de responsabilidad en la muerte del asaltante.
Los hechos se remontan a febrero de 2018, cuando Rigo, con 77 años en ese momento, se vio obligado a confrontar a un grupo de intrusos que irrumpieron en su vivienda. El tribunal consideró que el anciano no tuvo más remedio que proteger su vida y su integridad física ante una amenaza inminente. Este veredicto ha desencadenado un intenso debate sobre los límites de la legítima defensa y su aplicación, especialmente en el contexto de la violencia en el hogar.
Por otro lado, los tres cómplices del asaltante fallecido han recibido una condena de tres años de prisión cada uno, siendo catalogados como responsables directos del incidente. A pesar de la gravedad del delito, los ladrones han obtenido ciertas atenuantes, como consecuencia de dilaciones en el proceso judicial y, en el caso de dos de ellos, por haber reparado parcialmente el daño causado. Uno de los asaltantes, además, ha sido sentenciado a dos meses y 29 días de localización permanente por su participación en el robo y por lesiones.
Este veredicto ha sido especialmente significativo para Pau Rigo, quien se mostró visiblemente emocionado durante la audiencia final, al escuchar el dictamen a su favor. La comunidad de Porreres ha estado atenta a la evolución del caso, que ha suscitado una reflexión profunda sobre la seguridad personal y la potestad de los ciudadanos para defender su hogar.
El fallo no solo proporciona un cierre al angustiante capítulo que vivió Rigo, sino que también sienta las bases para futuros debates legislativos en torno a los derechos de defensa dentro de la propiedad privada. La decisión también establece un precedente sobre la responsabilidad de los infractores en los delitos que cometen y las consecuencias legales que enfrentan. La condena incluye una indemnización conjunta de 15.000 euros a la víctima, señalando la implicación económica compartida de los delincuentes en el acto criminal.
