El panorama del fútbol español se ve nuevamente sacudido luego de que la Fiscalía Anticorrupción ratificara su posición, exigiendo la comparecencia en calidad de investigado de Pedro Rocha, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), relacionado al controversiado contrato para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí, en conocimiento público como los ‘Supercopa Files’. Este giro insinúa una profundización de las fisuras legales y éticas dentro de las operaciones de la Federación.
Los esfuerzos de la defensa por disipar las acusaciones y proteger los derechos de Rocha chocan con la determinación de la fiscalía, que ve en la evolución de Rocha de testigo a investigado, un motivo de peso utilizar. Su presunta actitud evasiva y las incertidumbres en sus declaraciones argumentan en contra de la completa inocencia que pretender proyectar.
La trama toma tintes más complejos cuando se suma la inhabilitación administrativa de Rocha por parte del Tribunal Administrativo del Deporte, quien aplica un castigo de dos años por excesos cometidos durante su liderazgo en la Comisión Gestora de la RFEF. Este castigo no hace más que agregar seriedad a las repercusiones de su gestión, marcada ahora por la sombra de irregularidades administrativas y fiscales.
Rocha, por su parte, intenta distanciarse de cualquier responsabilidad vinculada a los detalles del polémico contrato con Sela, la parte saudí, aduciendo falta de conocimiento profundo about mismo pese a su asistencia en asambleas donde se debatió el acuerdo. No obstante, la réplica de la fiscalía resalta las incoherencias entre el alegado desconocimiento y las responsabilidades que caben a su puesto.
El escándalo no se limita a Rocha, extendiendo sus raíces a figuras destacadas como Gerard Piqué y otros involucrados, que podrían haberse beneficiado de maneras cuestionables del acuerdo, revelando potenciales conflictos de interés y prácticas corruptas que trascienden el ámbito deportivo e incursionan en el terreno de lo penal.
Así, el caso de los Supercopa Files yace no solo como un dilema sobre gobernanza y ética en el deporte, sino también como un desafío a las estructuras legales y a la transparencia empresarial en España. Con la confirmación de la imputación a Rocha por parte de la Fiscalía Anticorrupción, se prepara el escenario para futuras revelaciones y decisiones judiciales que podrían marcar un antes y un después en cómo el fútbol español maneja internamente sus más oscuros desafíos.
