El Parlamento Europeo acogió un desayuno informativo organizado por la Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie (AEA), en el cual participaron aproximadamente 60 eurodiputados, asesores parlamentarios y representantes de la industria. El principal objetivo del evento fue debatir las repercusiones del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) y su impacto en el sector del aluminio, un componente vital para la economía europea.

La sesión contó con la apertura de los eurodiputados Susana Solís Pérez y Adam Jarubas, quienes subrayaron la importancia de adaptar el CBAM para alcanzar sus objetivos climáticos sin perjudicar la competitividad de la industria del aluminio. Solís destacó que el diseño actual del mecanismo no acomoda las especificidades del sector, sugiriendo que su reconocimiento es clave para evitar efectos negativos en el empleo y la producción.

Jarubas, por su parte, mencionó el compromiso del comisario Hoekstra de abordar el tema, aunque señaló la urgencia de clarificar su implementación práctica. Antoine Chacun, de ODDO-BHF, advirtió sobre el déficit estructural de Europa en aluminio y el riesgo de encarecimiento del producto final, lo que podría desplazar el origen del metal en lugar de reducir emisiones.

Giorgio Di Betta, presidente de CENTROAL-ASSOMET, alertó que la exclusión de segmentos de la cadena de producción por parte del CBAM podría otorgar ventajas injustas a productores de fuera de la UE, incrementando potencialmente las emisiones. Angelika El-Noshokaty, directora de Aluminium Deutschland, habló sobre la ausencia de criterios claros para medir la huella de carbono, lo cual podría desencadenar conflictos comerciales y sobrecostes en la industria.

La situación del aluminio es especialmente crítica tras el cierre de la planta de Alcoa en San Ciprián, obligando a España a importar 220.000 toneladas anuales. Además, las sanciones a Rusia y cambios en el comercio internacional han complicado aún más el contexto.

La AEA, que agrupa a más de 650 empresas y emplea a más de 17.000 profesionales en España, se opone a la aplicación del CBAM tal como está diseñado, indicando que podría generar un impacto regulatorio desmesurado y costes adicionales que superarían los 11.000 millones de euros anuales en el sector transformador europeo.

Entre las propuestas de la AEA se incluyen la evaluación previa del impacto del CBAM, una exención temporal para el aluminio y el reconocimiento de las particularidades de sectores intensivos en transformación. La Asociación recalca que no se opone al CBAM, pero considera necesario adaptar su aplicación para evitar distorsiones que amenacen la competitividad del sector estratégico europeo.

Este desayuno informativo se convirtió en un foro clave para el diálogo entre la industria y los responsables políticos, con el objetivo de encontrar un equilibrio que satisfaga las metas ecológicas y garantice la viabilidad económica del sector del aluminio.