La reciente reforma de la Ley Orgánica sobre el intercambio de información de antecedentes penales y la consideración de resoluciones penales en la Unión Europea ha suscitado un intenso debate en el panorama político y social español. La normativa, que contempla la posibilidad de descontar de las condenas impuestas en España el tiempo de prisión ya cumplido en otros países de la UE, podría implicar una reducción de las penas para 45 miembros de ETA, incluyendo a algunos de sus líderes más conocidos, como Txapote, Anboto y Kantauri.

Estos dirigentes de ETA, responsables de algunos de los crímenes más emblemáticos de la organización terrorista, podrían beneficiarse significativamente de la reforma. Por ejemplo, Txapote, quien cumple condena por la muerte del concejal del PP Miguel Ángel Blanco entre otros asesinatos, podría ser liberado en 2025, seis años antes de cumplir su condena en 2031, gracias al periodo que pasó en prisión en Francia. Situación similar es la de Kantauri, condenado a 154 años por su participación en varios asesinatos, incluido el del socialista Fernando Múgica.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha mostrado su profunda preocupación y descontento ante esta posibilidad. La organización la considera un despropósito y acusa al Gobierno de reducir las condenas de terroristas, lo que ha sido interpretado por muchos como una traición a la memoria de las víctimas de ETA.

Desde el ámbito político, el PP se ha posicionado firmemente contra esta reforma, demandando la retirada del proyecto de ley y criticando duramente al ejecutivo por favorecer, a su juicio, a los condenados por terrorismo. A pesar de los intentos por parte de la oposición de detener la aprobación definitiva de la ley, esta ha continuado su tramitación en el Senado.

El caso ha generado un vivo debate en la sociedad, polarizando las opiniones entre aquellos que ven la medida como una afrenta a las víctimas del terrorismo, y los que argumentan que se trata de una cuestión técnica y jurídica necesaria para la armonización de las políticas penales en el contexto europeo.

Esta controversia subraya la complejidad de gestionar el legado del terrorismo de ETA en la España contemporánea, en especial cuando se trata de equilibrar la justicia penal con las directrices y marcos legales europeos. La discusión no solo es legal, sino profundamente ética y moral, impactando directamente en las vidas de las víctimas y sus familias, así como en la sociedad española en su conjunto.