En un viraje significativo en el caso de agresión sexual que involucra al exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, y a la actriz Elisa Mouliaá, el político ha solicitado al juez encargado de la investigación que revise la decisión de examinar y clonar el contenido completo de su teléfono móvil. Errejón, cofundador de Podemos, ha calificado esta medida como «desproporcionada, innecesaria e invasiva», argumentando que vulnera su derecho a la intimidad.
La solicitud para acceder a su dispositivo fue aprobada por el juez Adolfo Carretero, en respuesta a las demandas de diligencias de prueba de las partes involucradas. Esta decisión ha suscitado fuertes críticas desde la defensa de Errejón. En particular, la acusación popular, representada por la Asociación Defensa Integral Víctimas del Delito Especializada, había solicitado esta medida. Sin embargo, la abogada de Errejón, Eva Gimbernat, ha presentado un recurso en el que sostiene que la justificación de esta acción ha sido insuficiente tanto por parte del juez como de la acusación.
Con el objetivo de aportar claridad al caso, la defensa de Errejón presentó un acta notarial que recoge los mensajes intercambiados con Mouliaá a través de Instagram, así como la confirmación de una conversación por Telegram, caracterizada por la autodestrucción de los mensajes. Esto pone en tela de juicio la necesidad de clonar el contenido completo de su teléfono.
Un elemento de controversia ha sido la participación activa de la acusación popular, sobre la cual la defensa ha puesto de relieve la falta de una página web oficial y ha cuestionado las razones que les impulsan a intervenir en el caso. Gimbernat ha expresado además sus inquietudes sobre los motivos que guían la solicitud de acceso al teléfono, sugiriendo que pudieran estar más alineados con objetivos de notoriedad mediática que con el esclarecimiento de los hechos.
El caso se inició tras la denuncia de Mouliaá, quien relató haber sido víctima de tocamientos, besos no consentidos y comentarios sexuales por parte de Errejón en diversas ocasiones durante una noche en 2021. Esta situación ha generado debates en torno a declaraciones y filtraciones a los medios, lo que plantea interrogantes sobre si algunas acciones legales buscan verdaderamente la verdad de los hechos o si, por el contrario, pretenden aprovecharse del proceso para ganar protagonismo en los medios de comunicación.