El panorama judicial en España vive momentos de alta tensión tras las últimas acciones en el caso relacionado con Tsunami Democràtic, la plataforma independentista implicada en disturbios tras el veredicto del Tribunal Supremo sobre el proceso separatista catalán de octubre de 2019. Con cuatro investigados ontándose a la justicia y hallándose refugiados en Suiza, se amplía la fractura legal en torno a este asunto, que ahora cuenta con órdenes de busca y captura para dichos individuos.
Ante la ausencia de los acusados, el juez Manuel García Castellón, encargado del caso, indagó sobre los siguientes pasos a seguir, encontrando posturas divergentes entre la Fiscalía y la acusación particular. Mientras que la Fiscalía mostraba reticencia a solicitar un arresto internacional, la acusación particular, que defiende a los policías heridos en los disturbios liderados por Tsunami Democràtic, exigía la detención de los investigados.
Esta situación acontece en un momento crítico, debido a la inminente aprobación de una ley de amnistía que podría beneficiar a algunos de los implicados. Además, la representación legal de los policías afectados, el despacho Fuster Fabra, ha expresado su preocupación por lo que consideran tácticas dilatorias por parte de los acusados para escapar de la justicia y mantener oculto su paradero.
En este contexto, Marta Molina, secretaria de Movimientos Sociales de ERC e implicada en el caso, se presentó ante el juez, a diferencia de otras figuras clave que también fueron convocadas. Por su parte, Marta Rovira, de una situación legal parecida, aún no ha sido citada, solicitando sin éxito testificar desde Suiza.
La posibilidad de realizar declaraciones a través de videoconferencia, opción respaldada por la Fiscalía y precedentes judiciales, emerge como una solución potencial para avanzar en el proceso sin necesitar arrestos internacionales. Sin embargo, la decisión final sobre este particular y su impacto en figuras prominentes del movimiento independentista catalán, como Puigdemont y Rovira, permanece en la incertidumbre.
Este complejo escenario judicial, que resonancia tanto en lo político como en lo social, subraya los retos continuos que enfrenta España en el manejo del movimiento independentista catalán, demostrando cómo las decisiones legales van más allá del ámbito judicial y afectan profundamente el entorno nacional.
