Los embajadores de la Unión Europea han aprobado recientemente un mandato negociador que permite la creación de una infraestructura permanente para la vigilancia masiva, lo que ha generado preocupaciones entre los defensores de la privacidad. A pesar de los informes que indican un retroceso en el llamado «Control de Chat», expertos advierten que la situación es aún más grave de lo que parece. Se ha eliminado la obligación de escanear, pero el nuevo marco legal incentivará a las grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses a realizar un escaneo indiscriminado de las comunicaciones privadas y a establecer controles de edad obligatorios para todos los usuarios de Internet.
Patrick Breyer, un destacado defensor de la libertad digital, ha afirmado que el nuevo mandato es, en esencia, una estrategia para privatizar el control de la vigilancia. En sus palabras, el acuerdo puede considerarse un «Caballo de Troya» que legitima la vigilancia masiva sin orden judicial. Esto permitiría que empresas como Meta y Google escaneen todos los chats privados sin restricciones, lo que plantea un riesgo considerable de errores y violaciones de la privacidad.
El nuevo enfoque de la UE contrasta claramente con la postura del Parlamento Europeo, que exige que cualquier vigilancia sea dirigida solo a sospechosos y que los controles de edad sean voluntarios. Sin embargo, el acuerdo del Consejo introduce varios peligros significativos. Uno de ellos es que la etiqueta de “voluntario” puede encubrir un escaneo masivo y sin precedentes, permitiendo el acceso a mensajes y datos privados sin la debida supervisión judicial.
Otro aspecto preocupante es la eliminación de la comunicación anónima. El requisito de verificar la edad obligará a todos los usuarios a subir documentos de identificación o a someterse a escaneos faciales, lo que puede llevar a un entorno en que la privacidad individual se vea gravemente comprometida. Este sistema afectaría a informantes, activistas y otros grupos vulnerables que dependen del anonimato para comunicarse sin miedo a represalias.
Además, el Consejo propone restricciones severas para los usuarios menores de 17 años, que podrían verse excluidos de aplicaciones de mensajería y plataformas de socialización, creando lo que se ha llamado un «arresto domiciliario digital». En lugar de empoderar a los adolescentes, estas medidas los desterrarían de su entorno social y educativo.
La votación reciente no fue unánime, ya que algunos países, como la República Checa, los Países Bajos y Polonia, expresaron su desacuerdo, reflejando así las profundas divisiones y preocupaciones dentro de la Unión Europea sobre la legalidad y proporcionalidad de estas medidas. Las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo comenzarán pronto, con la esperanza de llegar a un acuerdo final antes de abril de 2026.
Este mandato ha suscitado el llamado urgente a no subestimar las implicaciones de la vigilancia masiva «voluntaria», puesto que se prevé un futuro donde la interacción digital esté condicionada a la presentación de documentos de identidad y donde tecnologías opacas puedan decidir sobre la privacidad de las comunicaciones individuales. Este camino, se afirma, no representa un avance hacia mayores libertades, sino que podría transformarse en una amenaza significativa para el derecho a la comunicación anónima y la privacidad en Europa.
