En una decisión reciente, el Tribunal Supremo ha rechazado la concesión de amnistía a Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat, así como a otros antiguos altos funcionarios que se encuentran actualmente huidos, por delitos de malversación. De igual manera, se ha negado el perdón a Oriol Junqueras junto con otros líderes condenados relacionados con el referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre. El magistrado Pablo Llarena, encargado de la instrucción del caso, ha argumentado que los implicados realizaron un enriquecimiento personal y comprometieron fondos pertenecientes a la Unión Europea en sus acciones.
La decisión se fundamentó en un informe elaborado por cuatro fiscales responsables del seguimiento del «procés» y contó con el apoyo de cinco de los seis votos de la sala encargada del caso. La decisión también se basó en la Declaración de Venecia para justificar su posición en contra de la amnistía. Se destacó un voto particular de la magistrada Ana Ferrer, quien propuso plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Tribunal Supremo ha explicado que los actos cometidos por los acusados van más allá de la simple ejecución de un referéndum no permitido; representaron un esfuerzo por minar el orden constitucional de España. Llarena enfatizó que la ley de amnistía no puede usarse cuando los hechos implican beneficios personales derivados de la administración de los bienes del Estado.
Además, Llarena destacó el mal uso de fondos públicos por parte de los líderes independentistas, quienes se beneficiaron de su posición en la Generalitat para costear personalmente iniciativas sin incurrir en gastos propios. Esta práctica constituye una forma de enriquecimiento al cargar ilícitamente al erario público el coste de tales iniciativas.
Con respecto a los fondos de la Unión Europea, el juez indicó que, aunque no se ha demostrado un impacto directo en los mismos, la implicación de estos fondos surge como una cuestión relevante a partir de la Ley de Amnistía. El uso de los fondos comprometidos por España frente al presupuesto de la UE, y cómo estos fueron afectados por la celebración del referéndum, reviste importancia, considerando la configuración territorial de España dentro de la Unión.
