La controversia sobre el tratamiento de los trabajadores interinos en España se intensifica ante las divergentes interpretaciones jurídicas entre la justicia del país y la de la Unión Europea. Mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha señalado en febrero la necesidad de abordar la sucesión de contratos temporales como una cuestión de «precariedad», promoviendo la transformación de empleados no permanentes en fijos, el Tribunal Supremo de España ha manifestado su oposición a esta medida, argumentando que tal conversión automáticamente atenta contra la facultad de autoorganización de la administración pública española.
Esta discrepancia pone de manifiesto no solo un choque de interpretaciones legales, sino también una lucha por definir el equilibrio entre los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público en España y las directrices europeas que buscan mitigar la inseguridad laboral. El Tribunal Supremo, al buscar aclaraciones del TJUE sobre estas inquietudes, subrayó que no ve necesaria la conversión judicial automática de trabajadores indefinidos no fijos en empleados fijos, por considerar que contradiría los principios que estructuran el ingreso al sector público del país.
Además, el Tribunal Supremo ha delineado limitaciones específicas para los empleados interinos en lo que respecta a su participación en los concursos de traslado, cerrando esta posibilidad para aquellos que no han superado una oposición. Este enfoque fue reflejado en una decisión reciente, motivada por un recurso de casación de la Junta de Castilla y León, donde se negó el derecho a una trabajadora interina de concursar en un traslado, subrayando las complejidades en la gestión de los derechos de este colectivo laboral en España.
Esta situación refleja las tensiones y los retos constantes en el empleo público español, donde la armonización de las políticas laborales con las recomendaciones europeas sigue siendo un punto de fricción. La resolución de estas cuestiones no solo afectará a los empleados interinos sino que también podría sentar precedentes sobre cómo España equilibra los estándares europeos con sus propios principios de administración pública.
