El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha anunciado recientemente medidas más rigurosas dirigidas a los desempleados mayores de 52 años que se benefician de un subsidio. Este colectivo, que recibe un apoyo mensual de 480 euros, enfrenta ahora la posibilidad de perder esta ayuda si rechazan, sin una justificación válida, una oferta de empleo que se considere adecuada para sus capacidades y experiencia.
El subsidio, que juega un papel fundamental para los desempleados de más edad, especialmente en lo que respecta a sus cotizaciones para la pensión de jubilación, está sujeto a una serie de requisitos. Los beneficiarios deben haber alcanzado los 52 años, haber agotado previamente su prestación por desempleo, y haber cotizado un mínimo de 90 días y un máximo de 359 días. Asimismo, se exige que permanezcan inscritos como demandantes de empleo y que participen activamente en los programas de inserción laboral ofrecidos por los servicios públicos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de estas condiciones, el SEPE ha implementado un sistema de penalizaciones que varía según la gravedad de la infracción. Las faltas muy graves, tales como obtener el subsidio de manera fraudulenta o compatibilizarlo con un empleo no declarado, conducirán a la cancelación definitiva de la ayuda. Por otro lado, las infracciones consideradas graves, como el no informar de situaciones que llevarían a la suspensión o cancelación del subsidio, resultarán en la suspensión temporal del mismo. La primera vez que ocurra, la suspensión será de tres meses; la segunda, de seis meses, y una tercera infracción conducirá a la cancelación definitiva del subsidio.
Las infracciones leves, incluyendo la incomparecencia a citas sin justificación o la no participación en programas de inserción laboral, también podrán llevar a la suspensión del subsidio si se reiteran. Cabe destacar que el subsidio está previsto para extenderse hasta que el beneficiario alcance la edad de jubilación, siempre y cuando cumpla con los requerimientos estipulados por el SEPE.
Esta medida ha sido introducida con el objetivo de promover la reincorporación al mercado laboral de un grupo demográfico que enfrenta desafíos considerables para volver a trabajar, al mismo tiempo que se asegura de que los recursos destinados a subsidios sean administrados eficientemente. Sin embargo, ha generado también inquietudes sobre cómo se determinará la adecuación de las ofertas de empleo y sobre el impacto en aquellos que, por diversas razones, puedan verse forzados a rechazar oportunidades de trabajo.
