El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha manifestado su inquietud ante la posibilidad de que el Partido Popular (PP) esté buscando establecimiento judicial para llevar a cabo una querella controvertida contra Teresa Ribera, actual vicepresidenta del Gobierno. Fuentes cercanas al PSOE indican que este movimiento por parte de los populares podría contar con la colaboración de ciertos sectores dentro de la judicatura, con el objetivo de dar impulso a una demanda que carecería de fundamento, posiblemente apoyada por algún ente de extrema derecha.
La reciente controversia en torno al llamado «Caso Begoña Gómez», que involucra a la esposa del presidente por supuestas irregularidades en su relación con la Universidad Complutense, ha reforzado las sospechas entre los socialistas sobre las intenciones de la oposición. Desde el PSOE consideran que el PP está intentando aprovechar cada circunstancia que surja en el ámbito judicial para erosionar la labor del actual Gobierno. Para ellos, existe un ambiente propicio dentro de ciertos sectores del sistema judicial que podría facilitar la materialización de esta ofensiva.
Dentro de este clima político caracterizado por una intensa polarización, el PSOE denuncia que el PP ha recurrido a estrategias judiciales para frenar iniciativas del ejecutivo, buscando identificar a jueces que se alineen con sus intereses. Esta situación lleva a los socialistas a cuestionar la imparcialidad del sistema judicial, resaltando que el uso de la justicia como herramienta de confrontación política podría sentar un peligroso precedente en la vida democrática del país.
El PSOE aboga por la transparencia y la legalidad en las actuaciones de la vicepresidenta Ribera, al tiempo que sostiene que cualquier acción judicial en su contra tendría como fin desestabilizar al Gobierno, calificando estas maniobras de poco éticas y enmarcadas en intereses partidistas.
La advertencia del PSOE subraya el impacto que puede tener la judicatura en el contexto político actual. Los socialistas consideran que el uso de querellas como mecanismo de ataque contrarresta la integridad de las instituciones y deteriora la confianza del ciudadano en la justicia. En caso de que la querella se lleve a cabo, podría reflejarse un uso instrumental de la judicatura con tintes políticos que atenta contra la separación de poderes.
Tanto el Ejecutivo como el PSOE permanecen alerta ante el desarrollo de estos eventos judiciales en un periodo marcado por tensiones políticas, donde las decisiones judiciales deben ajustarse a hechos reales y no a intereses partidistas. La situación actual aboga por una necesaria reflexión sobre el rol de la justicia en los enfrentamientos políticos que caracterizan el momento.
