El Partido Popular (PP), dirigido por Alberto Núñez Feijóo, se encuentra en la vanguardia de una compleja estrategia política y legal con el objetivo de desafiar la ley de amnistía impulsada por el gobierno en funciones. A pesar de las escasas probabilidades de éxito ante un Tribunal Constitucional con una mayoría de tendencia progresista, el PP se muestra resiliente y aboga por asegurar la mayor objetividad posible en este órgano judicial.
En un esfuerzo por cuestionar la imparcialidad de ciertos miembros del Tribunal, el PP contempla la recusación de los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez, basándose en un mecanismo legal que anteriormente intentaron sin éxito en febrero de 2023. El argumento para esta acción legal se respalda en el artículo 219 de la Ley del Poder Judicial, que señala la amistad, la enemistad manifiesta o la participación previa en el asunto como razones válidas para solicitar la abstención de un juez en determinados casos.
Campo y Díez, en situaciones anteriores, han mostrado su voluntad de abstenerse de deliberaciones para mantener la percepción de neutralidad del tribunal. Sin embargo, el PP desea agotar todas las vías legales disponibles, manteniendo su atención también en otras figuras clave como el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, aunque actualmente no buscan extender la recusación hacia él.
En paralelo a su lucha en el ámbito nacional, el PP se propone ejercer presión en el escenario europeo. El partido abriga la esperanza de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la Comisión Europea intervengan con mecanismos de supervisión en relación con el Estado de Derecho en España, en un intento por prevenir la amnistía en casos de malversación. Esta medida podría complicar el regreso de figuras independentistas como Carles Puigdemont a España sin enfrentar repercusiones legales. La estrategia también contempla estrechar lazos con la Unión Europea, aprovechando reuniones ya programadas con líderes influyentes, incluida Ursula von der Leyen.
Con estas acciones, el PP se sumerge en una batalla legal y estratégica prolongada, persistiendo en su intento por presentar recursos en el momento más adecuado. Este enfoque no solo manifiesta una postura de desafío hacia la legislación actual sino también subraya un compromiso continuo de Núñez Feijóo y su equipo para proteger los fundamentos de la democracia y el Estado de Derecho en España.
