En un giro inesperado de los acontecimientos, la política andaluza enfrenta un momento de tensión y revisión luego de que el Partido Popular (PP) retirara su apoyo al acuerdo previamente alcanzado con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para enmendar la ley que rige el Consejo Consultivo de Andalucía. Este cambio de dirección se debe a las implicaciones derivadas de la reciente decisión del Tribunal Constitucional de revisar las sentencias del famoso caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que involucra a anteriores altos funcionarios de la Junta de Andalucía, sumergiendo a la entidad en un escándalo de corrupción.
La disputa emerge fundamentalmente por la posibilidad de que Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ex presidentes de la Junta y condenados por su implicación en el escándalo de los ERE, pudieran llegar a beneficiarse de una cláusula propuesta en la reforma de la ley que les permitiría, al tener más de 75 años, ser parte del Consejo Consultivo de Andalucía como miembros permanentes, un órgano que desempeña funciones análogas al Consejo de Estado pero a nivel autonómico, por cinco años.
Este escenario ha generado un rechazo contundente por parte del PP, cuyo principal argumento radica en prevenir que Chaves y Griñán se beneficien de la reforma en caso de que sus condenas sean anuladas. Esta postura subraya una preocupación por mantener la integridad y asegurar que “no quede ninguna sombra de duda”, señalando una ruptura significativa en el entendimiento entre PP y PSOE, quienes hasta el momento habían mostrado sintonía en este asunto.
Con el caso de los ERE bajo nueva evaluación por parte del Tribunal Constitucional y la posibilidad de que las condenas de figuras tan representativas como Chaves y Griñán puedan revisarse, un aire de incertidumbre se cierne sobre la política de Andalucía. La controversia no se limita a PP y PSOE, ya que otros partidos como Vox, Por Andalucía, y Adelante Andalucía han manifestado su desacuerdo ante la posibilidad de que involucrados en casos de corrupción se beneficien de la nueva ley, interpretando esto como un trato de favor inaceptable.
Esta situación refleja la intrincada dinámica de la política española, en la que las decisiones judiciales ejercen un impacto significativo en los acuerdos políticos. Lo que inicialmente se proyectaba como un impulso legislativo de cooperación bipartidista, ahora se encuentra estancado, a la espera de futuras negociaciones y de las determinaciones finales del Tribunal Constitucional respecto al caso ERE, lo que generó un cambio decisivo en el escenario político y judicial andaluz.
