En un desarrollo sorprendente en la política española, el Partido Popular (PP) y Junts han alcanzado un acuerdo que suspende el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, actualmente establecido en un 7%. Este pacto, que ha recibido el respaldo de otros partidos como Vox, ERC y PNV, ha dejado al Gobierno de Pedro Sánchez en una posición incómoda, intentando frenar su tramitación en el Congreso.
El nuevo acuerdo propone la reducción del impuesto al 0%, siempre que no se produzca déficit de tarifa, lo que se traduce en un ahorro estimado de 1.100 millones de euros. De acuerdo con los cálculos del PP, las familias se verán beneficiadas con un ahorro de alrededor de 400 millones de euros, las pequeñas y medianas empresas (pymes) con 500 millones, y las grandes industrias con 200 millones. Aunque el impacto en las facturas de los hogares sería modesto (aproximadamente 1,64 euros al mes), el efecto acumulativo es notable, especialmente para sectores productivos que dependen de costos energéticos más bajos.
El acuerdo también contempla iniciativas para la industria de cogeneración y se alinea con el plan estratégico del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha hecho de la competitividad empresarial y la reducción fiscal el centro de su agenda. Desde la sede del PP en Génova, se recalca que esta colaboración no implica una alianza formal con Junts, sino más bien una “coincidencia programática”, aunque evoca el histórico Pacto del Majestic entre el PP y CiU de 1996, que marcó un cambio fundamental en la financiación autonómica en España.
Este acercamiento entre el PP y Junts se produce a pesar de las tensiones previas, incluyendo las derivadas del proceso independentista catalán y la reciente ley de amnistía. Sin embargo, el interés compartido en políticas económicas ha permitido que estos dos partidos encuentren un terreno común. Para el PP, este pacto no solo mejora su imagen como partido negociador, sino que podría ser el inicio de nuevas relaciones estratégicas en el futuro.
La respuesta del Gobierno ha sido de preocupación y freno. Argumentando que esta medida podría representar una pérdida de ingresos de 1.500 millones de euros, ha intentado suspender la discusión del acuerdo aplazando sin fecha la Comisión de Transición Ecológica. Por su parte, el PSOE y Sumar buscan tiempo para reactivar el texto original de la ley o persuadir a ERC para que retire su apoyo a la enmienda recientemente propuesta.
Desde el PP, se asegura que este acuerdo representa solo el principio de una colaboración más estrecha con Junts, que juega un papel crucial en la formación de mayorías en el Congreso. Las perspectivas de futuras negociaciones, donde Junts podría utilizar su influencia para presionar tanto al Gobierno como al principal partido de oposición, se perfilan como una estrategia evidente.
En medio de este revuelo político, la situación se complica para el Ejecutivo de Sánchez, cuya dependencia de aliados parlamentarios resalta aún más en este contexto. La reciente amenaza de Carles Puigdemont respecto a una cuestión de confianza añade peso a la presión sobre el Gobierno. Con el PP planeando continuar sus esfuerzos en el Senado para implementar rebajas fiscales y ayudas sociales, el próximo pleno del 18 de diciembre será un punto clave para observar si este acuerdo se traduce en una cooperación a largo plazo.
Mientras algunos analistas ven en esta convergencia una oportunidad para avanzar en temas económicos de interés general, otros consideran que podría ser un indicio de un cambio en el mapa político español que influya en futuros acuerdos parlamentarios.
