La situación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se complica cada vez más en medio de las investigaciones sobre un presunto caso de corrupción vinculado a la compraventa de mascarillas durante la crisis sanitaria. La Fiscalía ha señalado a González Amador como supuesto responsable de un fraude que supera los 350,000 euros entre 2020 y 2021, mediante el uso de facturas falsas que habrían servido para reducir el Impuesto de Sociedades de su empresa, Maxwell Cremona.
Todo esto se complica aún más con la reciente apertura de una nueva pieza judicial que amplía la investigación hacia presuntos delitos de corrupción en el mismo contexto. Aparentemente, este nuevo desarrollo pone en riesgo el acuerdo que González Amador estaba negociando para evitar la prisión, ya que la nueva causa se extiende más allá del fraude fiscal inicial, lo que podría dar lugar a cargos adicionales.
El panorama se torna más oscuro con la presión ejercida por el PSOE y Más Madrid, quienes han solicitado a la jueza que amplíe la investigación sobre las actividades de González Amador en la compraventa de mascarillas, sugiriendo que estas operaciones podrían haber sido parte de una estrategia para obtener comisiones que resultarían en un beneficio superior a los dos millones de euros. Aunque la jueza se mostró inicialmente reticente, ha accedido a la petición y ha abierto una nueva pieza para analizar los vínculos de González Amador en este asunto.
Si bien la apertura de esta nueva causa no impide la firma del acuerdo fiscal, las amenazas de corrupción plantean un escenario legal incierto para el empresario. En caso de que se confirmen las sospechas, su situación podría deteriorarse de manera significativa. González Amador, que no cuenta con antecedentes penales y ha manifestado su disposición a asumir la condena, se enfrenta a una posible pena que complicaría aún más su rumbo judicial.
Con el avance de la investigación, crece la incertidumbre sobre las consecuencias legales que esta situación podría acarrear para González Amador en los próximos meses. La suma de su situación fiscal y las alegaciones de corrupción plantea un escenario crítico, donde el riesgo de prisión se convierte en una posibilidad cada vez más real.
