En un reciente giro de acontecimientos que ha sacudido a la comunidad internacional, reportes han revelado intentos de intimidación por parte del exjefe del espionaje israelí hacia la máxima funcionaria de la Corte Penal Internacional (CPI). En un esfuerzo por interrumpir una investigación respecto a presuntos crímenes de guerra, Yossi Cohen, quien desempeñó un rol de liderazgo en el Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, habría amenazado directamente a Fatou Bensouda, entonces fiscal jefe de la CPI.
Los contactos entre Cohen y Bensouda, que tenían como fin alentar a la fiscal a detener una investigación exhaustiva sobre las acciones militares de Israel en los territorios palestinos, incluyeron advertencias veladas sobre el bienestar de Bensouda y su familia. Estos intentos de persuasión se llevaron a cabo en encuentros secretos, marcando un audaz movimiento para influenciar el proceso de justicia internacional.
La razón detrás de este abordaje intimidatorio radicaba en la pretensión de prevenir posibles imputaciones a militares israelíes. Las conversaciones revelaron una línea directa de amenaza hacia la integridad física de la fiscal y su entorno próximo, mostrando hasta qué punto Cohen estaba dispuesto a llegar para asegurar el cese de las investigaciones.
Este escándalo se ha dado a conocer tras el anuncio de Karim Khan, quien sucedió a Bensouda, sobre la búsqueda de una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, fundamentalmente por las operaciones en la guerra de Gaza. Es de notar que Cohen, apuntado directamente por este operativo contra la CPI, fue nombrado director del Mossad por Netanyahu en 2016, mostrando una conexión personal y política en estos hechos.
Una de las acciones más controversiales comprendió el seguimiento y la obtención de información comprometedora acerca de personas cercanas a Bensouda, incluyendo grabaciones de su esposo, resaltando una campaña sistemática para desacreditar y presionar a la fiscal.
Ante estas acusaciones, la CPI ha manifestado una firme resistencia a dejarse influenciar por este tipo de tácticas coercitivas, reafirmando su dedicación a ejecutar investigaciones imparciales y asegurar la integridad de sus procedimientos. La institución también ha declarado estar preparada para actuar en caso de que otros intentos de intimidación emerjan.
Estas revelaciones apuntan no solo a las longitudes que algunas administraciones pueden alcanzar para proteger sus intereses, sino también al riesgo y las presiones a las que se enfrentan los organismos internacionales al intentar administrar justicia en escenarios cargados de tensiones políticas.
