El Gobierno de Cataluña ha puesto sobre la mesa la abolición de la prostitución como un objetivo fundamental en su próximo Plan Estratégico de Políticas de Igualdad de Género (PEPIG), que se prevé para 2026. Este enfoque busca integrar la perspectiva de género en las políticas públicas, aunque el camino hacia la erradicación de la prostitución se enfrenta a numerosos desafíos.
Actualmente, Cataluña alberga aproximadamente un tercio de las mujeres en riesgo de explotación sexual en España, según las cifras más recientes. Expertos en la materia advierten que un modelo abolicionista requiere medidas concretas y recursos específicos para lograr su efectividad, aspectos que aún no se han abordado en detalle en el plan. Además, la propuesta también considera la prohibición de los vientres de alquiler, un tema que suscita divisiones dentro del cabildo regional. El PSC respalda la abolición, mientras que ERC y los Comunes prefieren abogar por la regulación de la prostitución, dificultando la búsqueda de un consenso.
Núria González, abogada especialista en derechos humanos y parte de la Plataforma Feminista Catalana Abolicionista, subraya que el éxito de este plan dependerá de la implementación de acciones concretas. Estas incluyen la persecución de la demanda, que implica penalizar a quienes se benefician de la prostitución; el combate al proxenetismo, eliminando las formas de intermediación; y el establecimiento de un plan de acompañamiento que ofrezca salidas reales a las mujeres en situación de prostitución.
González critica el estado actual de las políticas, argumentando que, a pesar del discurso abolicionista, las acciones concretas son escasas. Según ella, los burdeles funcionan con impunidad y no existen mecanismos efectivos para la protección de las mujeres involucradas. La falta de recursos destinados a la reintegración es otro de los puntos que se deben abordar.
El debate sobre la regulación versus la abolición persiste. Muchos proponen la idea de la «prostitución voluntaria», pero González rechaza esta noción, considerando que se trata de una forma de violencia sistémica. La estadística de que el 40% de los hombres admite haber pagado por sexo enfatiza que la explotación está profundamente arraigada en la cultura.
Con Suecia como referencia, que ha abolido la prostitución con éxito durante 25 años, se vislumbra una posible transformación social. No obstante, en Barcelona, siguen operando múltiples redes de explotación sexual, reflejando una demanda que supera la oferta en eventos masivos.
El reto es considerable, pues la abolición de la prostitución no solo se encuentra enmarcada en intereses económicos, sino también en estructuras de desigualdad muy arraigadas. Para González, prohibir la prostitución sería un acto de reparación hacia las mujeres. Así, el plan del Govern de Cataluña se presenta como una apuesta ambiciosa, pero su efectividad dependerá de la voluntad política para convertir las palabras en acción.
