El Gobierno de España ha decidido implementar un ambicioso plan económico destinado a enfrentar las devastadoras consecuencias de la reciente DANA que afectó gravemente a varios municipios de Valencia. Este martes, el Consejo de Ministros dará luz verde a un paquete de medidas que busca proteger el empleo y acelerar la reconstrucción de las áreas afectadas, incluyendo la declaración de la zona como “gravemente afectada”.
Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la activación de un «escudo laboral», que permitirá a las empresas que se han visto impactadas por la catástrofe suspender temporalmente los contratos de trabajo a través de un ERTE por fuerza mayor. Esta medida asegura que los empleados no perderán su puesto de trabajo y, además, el Estado asumirá las cotizaciones sociales mientras estén en esta situación. Por otro lado, los días de suspensión no se descontarán del tiempo computable para el futuro acceso al desempleo.
Desde el ámbito fiscal, el Ministerio de Hacienda ofrecerá flexibilidad a la Generalitat Valenciana al permitirle incurrir en gastos urgentes sin las limitaciones presupuestarias habituales, facilitando así una respuesta más rápida. También se ha decidido aplazar el segundo pago de la declaración de la renta para aproximadamente 200.000 contribuyentes en la provincia, otorgando un alivio fiscal que, aunque no condona, sí facilita la situación financiera de muchos.
Para los autónomos, el plan incluye la posibilidad de acceder a la prestación por cese de actividad sin los requisitos convencionales, lo que abre una vía de apoyo en este momento crítico. Complementariamente, el Ministerio de Economía trabaja con el Consorcio de Compensación de Seguros en la gestión de miles de reclamaciones por daños materiales, esperando que los primeros pagos se realicen en breve.
La declaración de zona gravemente afectada es un paso esencial que no solo facilitará el acceso a ayudas para la reconstrucción, sino que también ofrecerá exenciones fiscales en impuestos como el IBI y el de Actividades Económicas. Este recurso es vital para apoyar a los afectados en su recuperación. La magnitud del desastre ha sido significante, afectando a más de 54.000 empresas y a alrededor de 354.000 trabajadores, lo que equivale a un tercio de los afiliados a la Seguridad Social en la provincia.
Con un impacto económico inicial estimado en 2.600 millones de euros, el Gobierno busca revitalizar estas comunidades y proporcionar un camino hacia la recuperación a través de esta estrategia integral.
