El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha realizado un llamamiento a España y otros países europeos para que implementen reformas fiscales que incluyan el aumento de impuestos a las personas más ricas, así como la eliminación de subvenciones a empresas. Esta recomendación se produce en un momento en que el país se encuentra inmerso en la discusión sobre una reforma fiscal orientada a modificar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, ha manifestado su compromiso con una “reforma fiscal adicional” como parte del Plan Fiscal y Estructural que se ha enviado a Bruselas. El propósito de este plan es la reducción del déficit en los próximos siete años. El FMI respalda la idea de que los gobiernos reorienten sus gastos hacia áreas prioritarias, como la transición digital, la sostenibilidad y la lucha contra las desigualdades. Además, sugiere que se mejore la eficiencia del gasto para fortalecer la base impositiva y, de este modo, conseguir una reducción efectiva del déficit.
El informe del FMI resalta también la necesidad de reestructuraciones en los programas de gasto y transferencias. Propone que las ayudas amplias, como las que se entregaron en respuesta a la crisis energética, sean transformadas en iniciativas más focalizadas que se dirijan a los sectores más vulnerables. Esta reorientación de recursos permitiría aumentar las inversiones en infraestructura y capacitación laboral, a la par que contribuiría a reducir el déficit fiscal. Estas recomendaciones están alineadas con los nuevos estándares de fiscales europeos, que buscan que los países refuercen sus reservas fiscales tras los importantes déficits ocasionados por la pandemia y la crisis inflacionaria.
El Plan Fiscal y Estructural del Gobierno busca alcanzar un nivel de recaudación fiscal alineado con la media de la Unión Europea, que actualmente se sitúa en el 36,8% del PIB. En este contexto, se contempla un eventual incremento de impuestos dirigidos a la banca y a las empresas energéticas. Sin embargo, la implementación de estos cambios dependerá de un marco parlamentario que en estos momentos se encuentra en un estado de cierta incertidumbre política.
El FMI también enfatiza la necesidad de contar con un sistema fiscal que sea más eficiente y progresivo, asegurando que los que más tienen contribuyan en mayor medida al bienestar social. Asimismo, subraya la importancia de ampliar la base impositiva en el país y de mejorar la digitalización en la Agencia Tributaria, medidas que contribuirían a una gestión más sostenible del déficit.
La evaluación del Plan Fiscal y Estructural por parte de la Comisión Europea está programada para noviembre. Este análisis será clave para determinar si los planes de ajuste y el calendario de reformas propuestos son compatibles con las exigencias de la UE. Los presupuestos que el Gobierno presente estarán sujetos a este marco, el cual busca equilibrar la sostenibilidad fiscal con la necesidad de invertir en sectores estratégicos.
