En un giro reciente en el ámbito judicial, Alberto González Amador, pareja de la conocida política Isabel Díaz Ayuso, ha adoptado una estrategia legal para evitar una posible pena de cárcel. Su defensa ha expresado ante la jueza María Inmaculada Iglesias Sánchez, a cargo del caso por acusaciones de fraude fiscal y falsificación de documentos, la aspiración de lograr un acuerdo con la Fiscalía. Durante una reunión celebrada este lunes, el abogado de González Amador ha reafirmado esta posición, lo que resultó en el aplazamiento de su declaración hasta el 24 de junio.
Previo a este encuentro, el abogado del empresario se había reunido de manera privada con el nuevo fiscal asignado al caso para discutir la posibilidad de este acuerdo. Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre lo que podría implicar, la propuesta fue bien recibida por la jueza, quien accedió a postergar la declaración en vista del consenso general. El proceso se vio marcado por la falta de pronunciamientos de la Abogacía del Estado y una abstención por parte de la acusación popular, citando una falta de acceso completo a la información del caso.
González Amador, por su parte, había admitido previamente su culpabilidad en la comisión de dos delitos fiscales entre 2020 y 2021, los cuales suman más de 350.000 euros. Dichos actos ilícitos se habrían llevado a cabo durante el transcurso de la pandemia, de la cual el empresario habría sacado provecho económico. En un intento por mitigar las consecuencias de sus acciones, propuso una condena de ocho meses de prisión.
El día de la audiencia resaltó no solo por el proceso judicial sino también por las tácticas de González Amador para evadir la atención de la prensa. A su llegada al tribunal, se reportó que hizo uso de una peluca gris y se mantuvo oculto en las instalaciones durante tres horas para evitar ser fotografiado por los medios.
Paralelo a su caso de fraude fiscal, González Amador ha lanzado una querella contra la Fiscalía, acusándola de revelar detalles estratégicos de su defensa. Este movimiento ha sido respaldado por el Colegio de Abogados de Madrid, aunque llama la atención que la filtración inicial sobre las negociaciones provino de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, a través de sus redes sociales.
El empresario argumenta que la divulgación de esta información perjudica sus posibilidades legales, acción que interpreta como un agravio directo a sus derechos. Esta maniobra podría abrirle la puerta a solicitar la nulidad del proceso por fraude fiscal, posicionándose en un marco donde puede presentarse como víctima ante el sistema judicial. A medida que el caso continúa desarrollándose, González Amador se prepara para ratificar sus acusaciones contra la Fiscalía en una próxima sesión en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, agregando otra capa de complejidad a un ya de por sí intrincado caso legal.
