El Gobierno ha lanzado una nueva iniciativa que consiste en la introducción de un «carnét» o «pajaporte», destinado a regular el acceso a sitios web con contenido pornográfico. Esta medida, que busca circunscribir la exposición a dicho contenido por parte de menores de edad, también contempla un límite en la cantidad de accesos mensuales para los adultos. No obstante, ha levantado una serie de críticas y debates, dado que su alcance se limita exclusivamente a aquellos sitios que operen desde servidores ubicados en España.
Esta decisión responde a preocupaciones crecientes sobre el acceso de los menores a contenido inadecuado y los potenciales riesgos asociados, tales como adicciones, trastornos emocionales y un incremento en las agresiones sexuales. Para combatir esto, la Dirección General de Gobernanza Pública ha sido la encargada de desarrollar la Cartera Digital. Esta aplicación busca proporcionar un medio seguro y privado para verificar la mayoría de edad de los usuarios sin revelar datos personales, mediante una credencial anónima que las plataformas pueden consultar.
Pese a estos esfuerzos, numerosas voces han señalado que la efectividad real de la medida podría ser limitada. El hecho de que la normativa solo aplique a sitios web alojados en territorio español deja fuera a la amplia mayoría de las plataformas más visitadas por el público español. Sitios web de gran popularidad como PornHub y xVideos, que se encuentran entre los más consumidos en España, operan desde Luxemburgoy República Checa, escapando así a las restricciones de la nueva norma.
Esta circunstancia ha llevado a cuestionamientos sobre la libertad de los adultos para acceder a contenido legalmente disponible en internet y ha puesto en duda la viabilidad a largo plazo de esta iniciativa. A pesar de reconocer la posibilidad de evadir dicha regulación, por ejemplo, mediante el uso de VPNs, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha adelantado que se esperan futuras versiones de la Cartera Digital que podrían solventar algunas de las deficiencias actuales.
Más allá de su implementación efectiva, la iniciativa ha despertado un debate sustancial sobre la protección de los menores en el entorno digital y el derecho al libre acceso de los adultos a contenidos en la red. Con miras al futuro, las autoridades se muestran firmes en su intención de ampliar y perfeccionar esta medida para abarcar un espectro más amplio de sitios web, preparando el terreno para futuros desarrollos que podrían incluir una regulación más amplia del espacio digital en España.
