Desde el próximo 1 de diciembre de 2023, las empresas españolas de tamaño mediano estarán sujetas a una nueva y significativa normativa que cambiará la forma en que manejan las denuncias internas. La implementación de un canal de denuncias, lejos de ser percibido como una forma de vigilancia, busca ser un paso adelante en la creación de un ambiente de trabajo más seguro, justo y ético.
Un canal de denuncias se configura como una herramienta interna a través de la cual empleados, clientes y proveedores pueden reportar de forma confidencial cualquier actuación que consideren inapropiada, poco ética o directamente ilegal dentro de la empresa. Esta iniciativa se enmarca dentro de un objetivo más amplio de fomentar la transparencia y la correcta conducta empresarial, facilitando la identificación y corrección de comportamientos indeseados en el ámbito laboral.
Los informes que pueden presentarse a través de estos canales son variados, incluyendo desde situaciones de violencia laboral como el acoso sexual, acoso laboral, discriminación e intimidación, hasta violaciones éticas, problemas de seguridad y salud en el trabajo, abuso laboral y fraudes financieros, entre otros. Esto establece una cobertura amplia que atiende a las diversas necesidades y preocupaciones que pueden presentarse en el día a día de las operaciones empresariales.
A raíz de la legislación que entra en vigor en diciembre, las empresas con 50 o más empleados estarán obligadas a establecer estos canales, que deben cumplir con criterios específicos de privacidad, ofrecer garantía de anonimato, posibilidad de realizar denuncias a través de diversos medios, y mantener un archivo seguro y trazable de los informes para prevenir las falsificaciones.
Los beneficios esperados tras la adopción de un canal de denuncias trascienden la simple conformidad con la ley. Estos sistemas tienen el potencial de fortalecer la seguridad y protección de los empleados, mejorar el ambiente laboral, brindar feedback valioso a los directivos sobre riesgos y amenazas internas y externas, y retener talento al generar un mayor compromiso y un sentido de pertenencia entre los trabajadores.
Por otro lado, las consecuencias por no implementar adecuadamente estas medidas no son insignificantes, ya que las sanciones económicas por incumplimiento pueden llegar hasta el millón de euros, dependiendo de la severidad del caso. Esto demuestra la importancia que se está dando a la creación de entornos de trabajo éticos y seguros, así como al respeto y protección de los trabajadores en España.
En resumen, la nueva normativa sobre canales de denuncias representa un paso significativo hacia la mejora de las condiciones laborales y de la ética empresarial en España. Aunque puede considerarse como un desafío inicial para algunas empresas, los beneficios a largo plazo en términos de un mejor ambiente de trabajo, mayor seguridad para los empleados y la promoción de prácticas empresariales éticas son claros y beneficiosos para todos los involucrados.
