En Parla, un giro polémico en las decisiones del alcalde Ramón Jurado ha generado un torrente de críticas y dudas en la comunidad. Su intervención en el proyecto de expropiación del PAU-5, que se perfila como el mayor polígono industrial de la Comunidad de Madrid, ha suscitado inquietudes sobre la equidad y transparencia del proceso.
El Ayuntamiento, bajo la dirección del PSOE y en alianza con Más Madrid, ha decidido modificar el sistema de ejecución, pasando de un sistema de compensación a uno de expropiación forzosa. Esta modificación, formalizada en mayo de 2024, ha atraído la atención debido a los vínculos entre algunos de los beneficiarios y Wilfredo Jurado, hermano del alcalde y exconcejal de Urbanismo. A pesar de las negaciones del Ayuntamiento respecto a la existencia de lazos directos, la investigación ha destapado conexiones financieras y comerciales que complican la narrativa oficial, cuestionando la imparcialidad del proceso de expropiación.
Particularmente alarmante es la exclusión de la zona ZA-1 del proceso de expropiación forzosa, un área que parece estar en consonancia con intereses empresariales vinculados a la familia Jurado. La decisión de proteger esta zona ha permitido a ciertos empresarios, cercanos al hermano del alcalde, obtener beneficios financieros significativos. Esta movida ha suscitado el descontento entre otros propietarios que se sienten despojados de sus derechos y han demandado una revisión de la estrategia adoptada por el Ayuntamiento.
Las justificaciones presentadas por el gobierno local se centran en la necesidad de aliviar la carga financiera de los propietarios y proporcionar un impulso al avance del proyecto, que se ha visto frenado por problemas administrativos y disputas. Sin embargo, esta situación se suma a una ya larga lista de controversias que rodean la gestión del alcalde Jurado, incluyendo críticas relacionadas con adjudicaciones directas y la creciente deuda que pesa sobre el municipio.
La comunidad de Parla se encuentra ahora en espera de respuestas claras y un compromiso tangible por parte de sus líderes, que garanticen un desarrollo justo y eficiente de un proyecto que promete ser crucial para el futuro económico de la región. En este contexto, las demandas de investigación y transparencia se intensifican, poniendo un acento en la necesidad de una administración pública que actúe con responsabilidad y equidad.
