El kilómetro 20 de la M-40, a pesar de no ser considerado un tramo peligroso según el Ministerio de Transportes, se ha convertido en un punto neurálgico para las multas por exceso de velocidad. Con un índice de peligrosidad de apenas 4,7 puntos, este tramo ha capturado en 2024 a casi 75,000 conductores, lo que representa un asombroso 20% de todas las sanciones en la Comunidad de Madrid. En contraste, el kilómetro 10 de la misma vía muestra un índice de peligrosidad diez veces mayor, pero el número de infracciones es considerablemente inferior.

La situación se complica al observar que, en 2022, solo se reportaron cuatro accidentes con víctimas en el kilómetro 20, lo cual plantea interrogantes sobre la eficacia de la estrategia actual de control. Este lugar, que da acceso a Mercamadrid y cuenta con una señalización clara, no parece disuadir a los infractores. La falta de consecuencias claras en comparación con tramos más peligrosos hace que muchos conductores continúen excediendo la velocidad.

Sin embargo, esta tendencia de multas no se limita al kilómetro 20. A unos 30 kilómetros de allí, el radar en el kilómetro 52 también está en la lista de los más activos, con más de 33,000 denuncias en 2024. En este tramo, con un índice de peligrosidad más alto, se registraron diez accidentes con víctimas en el año anterior. Esto sugiere que, a pesar de los esfuerzos por controlar la velocidad, la M-40 se ha convertido en un imán para las sanciones, generando casi la mitad de las multas impuestas en carreteras secundarias de la región.

La comunidad de Madrid se destaca por ser la que impone más multas por kilómetro en todo el país, con un promedio de 202 denuncias al día y un total de 657,070 en 2024, un incremento del 8% respecto al año anterior. Mientras que Andalucía lidera en números absolutos, Madrid se queda con la mayor densidad de multas.

Este panorama ha generado un debate sobre la verdadera intención detrás de la colocación de radares. Algunas asociaciones de automovilistas argumentan que la estrategia actual se centra más en la recaudación de fondos que en la reducción de la siniestralidad. Insisten en que los radares deberían estar ubicados en zonas de alto riesgo, más que en tramos donde la seguridad está garantizada, dado que el 70% de los accidentes graves se producen en carreteras secundarias que cuentan con escasos controles.

Casos más extremos se han presentado en otras vías como la A-5, donde un solo radar incrementó las multas de 141 a 2,900 en un año, o en la A-1, donde las sanciones crecieron un 145%. En paralelo, el Ayuntamiento de Madrid también ha aumentado drásticamente su recaudación, con 2.7 millones de multas impuestas en 2024, alcanzando una cifra récord de 378 millones de euros. La mayoría de estas multas fueron por infracciones en la Zona de Bajas Emisiones, donde las denuncias aumentaron, aunque muchas han sido revocadas por falta de señalización adecuada.

El descenso de sanciones por otros motivos, como alcoholemia o uso del móvil al volante, ha levantado interrogantes sobre las prioridades en la seguridad vial. La creciente percepción de que las políticas de tráfico se centran más en el castigo que en la prevención deja a muchos cuestionando la eficacia de este modelo.

En el contexto de la M-40, queda la inquietud de por qué en un tramo de menor riesgo se generan tantas multas. A simple vista, el radar del kilómetro 20 revela una verdad incómoda: la recaudación parece estar muy por encima de la seguridad vial. La pregunta persiste, sin que los conductores parezcan dispuestos a frenar.