En un resonante fallo emitido por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València, Eduardo Zaplana, exministro del Partido Popular (PP), ha sido condenado a 10 años y cinco meses de cárcel por su participación en actividades delictivas que incluyen el blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento mercantil. Este caso, conocido como Erial, ha destapado la recepción de comisiones ilícitas por parte de Zaplana, relacionadas con procesos de privatización de las ITV en la Comunidad Valenciana.
El tribunal también ha dictado una sentencia que implica una multa de 25 millones de euros contra Zaplana, además de inhabilitarlo especialmente por un periodo de ocho años y nueve meses debido a prevaricación administrativa. Las investigaciones revelaron que el esquema corrupto gestionado por el exministro se apoyaba en fondos ocultos situados en Luxemburgo y Andorra, manejados mediante la utilización de un testaferro. Aunque se descartaron acusaciones relacionadas con la formación de un grupo criminal, la Audiencia Provincial identificó las actividades como un caso de codelincuencia, caracterizado por la falta de un acuerdo estructurado previo.
Además de Zaplana, el caso Erial involucró a diversas figuras de relevancia política y empresarial, aunque con diferentes desenlaces. José Luis Olivas, expresidente de la Comunidad Valenciana, fue absuelto de las acusaciones de cohecho, tras no hallarse pruebas suficientes que conectaran los 580.000 euros recibidos de Sedesa con el caso de adjudicación de Parques Eólicos. Similarmente, Mitsouko Henríquez, secretaria de Zaplana, fue absuelta al no comprobarse su conocimiento sobre el origen ilícito del dinero manejado.
Entre los condenados, se encuentra Joaquín Miguel Barceló, identificado como el testaferro de Zaplana, quien negoció un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción resultando en una condena de un año y tres meses de cárcel y una multa de cinco millones de euros por blanqueo de capitales. Otros empresarios, como Vicente Cotino y José Cotino, también recibieron sentencias por su implicación en el entramado, con condenas que incluyen cárcel y multas considerables, igualmente Francisco Grau Jornet, contable de la trama, enfrenta cinco años de prisión y una multa de 20 millones de euros por administrar el patrimonio oculto de Zaplana en el extranjero. En contraparte, Francisco Pérez López fue condenado por falsedad documental, mientras que varias otras figuras involucradas en el caso fueron absueltas, evidenciando la complejidad y extensión del caso Erial y su impacto en la esfera política y empresarial de España.
