En un reciente fallo judicial, dos propietarios se han visto condenados a ocho meses de prisión tras la instalación de una vivienda en un terreno calificado como no urbanizable. La decisión, tomada por el Juzgado de lo Penal de la localidad, ha causado revuelo y generado un intenso debate acerca de las regulaciones urbanísticas y la necesidad de preservar el medio ambiente.
Los acusados adquirieron el terreno con el propósito de construir una residencia de verano. Sin embargo, fueron denunciados por un vecino que cuestionó la legalidad de su proyecto. Durante el proceso judicial, se presentaron pruebas que demostraron su desatención a las normativas locales que prohíben la edificación en áreas no autorizadas para tal fin.
La fiscalía enfatizó que las acciones de los propietarios no solo infringieron la ley, sino que también representaron un riesgo para el entorno natural. Testigos señalaron que la construcción afectó negativamente al ecosistema local, un aspecto que impactó considerablemente en la resolución del tribunal. Además de la pena de prisión, los condenados se enfrentarán a multas económicas y a la obligación de demoler la estructura levantada.
Los propietarios han manifestado su intención de apelar la sentencia, argumentando que desconocían las limitaciones impuestas sobre el terreno y que su objetivo era tan solo disfrutar de un espacio dedicado a su familia. Este caso ha puesto nuevamente sobre la mesa la importancia de informarse y cumplir con las normativas urbanísticas, así como la necesidad de proteger los espacios naturales.
Por su parte, el ayuntamiento ha reafirmado su compromiso con la aplicación de las leyes urbanísticas y la protección del medio ambiente, implementando campañas de concienciación con el fin de evitar que casos similares se repitan. La comunidad espera que este fallo no solo sancione a los infractores, sino que también sirva como un disuasivo para futuras construcciones ilegales en la región.
