La justicia vuelve a centrar su atención en un hombre de 40 años, quien está acusado de espiar y grabar a mujeres en los baños de un centro social en Gijón. Este espacio, destinado a personas en situación de vulnerabilidad, debería ser un refugio seguro, pero se convirtió en escenario de un delito que ha suscitado preocupación en la comunidad.

La Fiscalía ha solicitado una condena de 10 años y medio de prisión, destacando que el acusado ya había sido sentenciado en 2022 por hechos similares. Las investigaciones revelaron que este individuo, nacido en 1983, utilizó una mochila con un teléfono móvil disfrazado entre calcetines y cinta aislante para grabar a varias mujeres mientras se duchaban. La intervención policial tuvo lugar tras la pérdida del dispositivo en la calle, donde se hallaron las comprometedoras grabaciones.

El historial delictivo del acusado lo coloca en una situación agravada, ya que en enero de 2022 fue condenado a un año de cárcel y una multa por un delito similar. En esta ocasión, enfrenta tres cargos de descubrimiento y revelación de secretos, que si bien no son nuevos, adquieren mayor gravedad debido a su carácter reiterado. Además de la pena de prisión, la Fiscalía ha propuesto su inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo y el pago de 4,000 euros en indemnizaciones a dos de las víctimas, mientras que una tercera ha renunciado a recibir cualquier compensación.

Este caso reabre el debate sobre la seguridad en espacios que acogen a colectivos vulnerables, y plantea interrogantes sobre la eficacia de las condenas frente a delitos que dejan secuelas difíciles de percibir pero que impactan de manera profunda en las víctimas. Las afectadas esperan que este proceso no solo se traduzca en un castigo para el acusado, sino que también sirva como un mecanismo disuasorio que prevenga futuros delitos de esta índole.