La lucha contra el fraude del diésel en España ha obtenido resultados considerables, gracias a un incremento en las denuncias y una fiscalización más rigurosa por parte de la Agencia Tributaria. Esta ofensiva ha conducido a una reducción significativa de las estaciones de servicio involucradas en este tipo de fraude. Hace dos años, las investigaciones apuntaban que más del 8% de las gasolineras estaban implicadas en estas prácticas ilegales, cifra que ha disminuido hasta aproximarse al 3% en la actualidad. No obstante, aún se estiman alrededor de 356 puntos de venta, entre los que se encuentran marcas no reconocidas, cooperativas y grandes cadenas de supermercados, ofreciendo combustible a precios notoriamente inferiores a los del mercado.
El mecanismo del fraude se basa en la creación de empresas distribuidoras de papel, las cuales comercializan el combustible a precios reducidos y desaparecen sin cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes, como el pago del IVA y los impuestos especiales. Esta situación ha provocado que el sector exija al gobierno la implementación de medidas más severas para prevenir tales prácticas.
Las compañías petroleras han expresado su inquietud al respecto, solicitando una supervisión más exhaustiva y la introducción de estrategias preventivas. Entre las propuestas discutidas con el Ministerio de Hacienda, se encuentra la iniciativa de exiger el pago anticipado de impuestos. A pesar de ello, dicha sugerencia ha generado controversia, especialmente entre los operadores más pequeños, quienes argumentan que esta medida favorecería de manera desmedida a las grandes corporaciones petroleras debido a los avales requeridos, los cuales podrían resultar prohibitivos para las empresas de menor tamaño.
El impacto económico de esta problemática es vasto, con pérdidas estimadas en más de 1.000 millones de euros, lo que representa entre el 25% y el 30% de las transacciones totales del sector. Frente a esta situación, el Gobierno ha buscado implementar nuevas políticas para mitigar el fraude, como se refleja en el Real Decreto Ley 8/2023. Sin embargo, la lentitud en el proceso legislativo ha impulsado a las compañías petroleras a buscar soluciones alternativas que puedan ser aplicadas de manera inmediata.
La disminución en los casos de fraude del diésel revela un progreso importante en la lucha contra las actividades ilegales dentro del sector energético. Sin embargo, la persistencia del problema y el considerable impacto económico que conlleva subrayan la necesidad de continuar fortaleciendo las medidas de control y vigilancia, asegurando así un mercado más justo y transparente.
