En una trama que parece sacada de una novela de misterio, más de 107 kilos de metales preciosos y joyas han desaparecido sin dejar rastro tras su incautación por parte de la Policía Nacional a la empresa Oro Direct en el año 2014. Este caso, que inicialmente involucraba investigaciones por tráfico ilegal de metales preciosos y blanqueo de capitales, sigue abierto en lo referente a la determinación de la responsabilidad civil de la empresa, aunque las acusaciones penales fueron archivadas.
El desconcierto aumentó cuando un exhaustivo reporte de Asuntos Internos de la Policía Nacional reveló que los agentes encargados de la operación no lograron identificar correctamente toda la mercancía retirada de Oro Direct. Este problema de identificación se complicó aún más debido a la incapacidad de distinguir entre los distintos tipos de metales, como oro y plata, en el momento de la incautación.
La situación se enredó cuando los expropietarios de Oro Direct denunciaron discrepancias entre los bienes que los agentes habían documentado y lo que realmente se había incautado, sugiriendo una grave falta de precisión en el inventario. Los bienes en cuestión fueron trasladados, en primera instancia, a la Jefatura Superior de Policía de Valencia y posteriormente al Banco de España. Sin embargo, las inconsistencias documentales y la falta de un registro detallado de los metales incautados han dificultado sobremanera determinar qué sucedió con las joyas durante su custodia.
En un giro inesperado, el reporte de Asuntos Internos concluyó que, a pesar de la confusión y los errores en el manejo de la custodia, no existen evidencias que sugieran una apropiación indebida de las joyas por parte de los policías involucrados. Según se apunta, la problemática podría residir en errores administrativos durante el proceso de custodia, incluyendo el embalaje incorrecto de los objetos y la falta de un registro detallado al remitir los lotes al Banco de España.
Aunque la investigación interna ha cerrado sin acusar a ningún agente de irregularidades, el destino de los más de 107 kilos de metales preciosos y joyas incautados permanece siendo un enigma. Este caso pone en relieve los desafíos y fallas que pueden surgir en los procedimientos de incautación y custodia de bienes, dejando una sombra de dudas sobre la transparencia y eficiencia de estas operaciones.
