En un reciente giro de acontecimientos, Cristina Seguí, conocida propagandista de extrema derecha, afronta una posible pena de hasta cuatro años y medio de cárcel. La razón detrás de esta imputación radica en la divulgación de información personal sensible de una menor a cargo de una pareja homosexual. Este hecho no es aislado en la carrera de Seguí, quien ya está a la espera de una sentencia por difundir contenido explícito de menores agredidas en Burjassot, Valencia.
Los cargos en su contra lanzados por la fiscalía se desglosan en tres infringencias graves al derecho a la intimidad, agravadas por una clara discriminación debido a la orientación sexual de la pareja involucrada. Según se reporta, Seguí hizo público en Twitter un caso referente a una niña supuestamente entregada de manera ilegítima a una pareja perteneciente al colectivo LGTBI, cercana a figuras políticas influentes.
El procedimiento judicial preliminar revela que este comportamiento de Seguí intenta socavar el sistema de protección de menores designado por la ley, incitando al odio contra ciertos sectores categorizados tanto por su posición jurisdiccional como por su identidad sexual. Además, se enfatiza la naturaleza contraproducente de etiquetar a la menor involucrada de formas que vulneran su privacidad y bienestar emocional.
El caso también trae a la luz la divulgación de información confidencial de otros tres niños, cuyos datos personales fueron expuestos en un intento por favorecer a sus abuelos paternos en disputas de custodia. Se argumenta que la abogada de los abuelos habría facilitado la información a Seguí, aunque sin éxito en revertir la situación de tutela.
La acusación del fiscal resalta la gravedad de utilizar el caso para hacer comentarios negativos y discriminatorios sobre la pareja adoptiva, referida por Seguí de manera peyorativa como parte de un «experimento del ‘lobby’ gay». No solo por la violación a la intimidad que esto conlleva sino también por la promoción de un discurso de odio hacia el colectivo LGTBI.
Adicionalmente, durante su participación en el programa «Estado de Alarma» dirigido por Javier Negre, Seguí reiteró su postura, insistiendo en que la asignación de la niña a sus padres adoptivos fue influida únicamente por su orientación sexual. Este caso, según la fiscalía, refleja una actitud hostil hacia individuos LGTBI, elevando la naturaleza de los delitos imputados.
El manejo de este caso y sus implicaciones legales sobre Seguí tienen el potencial de resultar en un precedente notable en cuanto a la protección de derechos de minorías sexuales en España, subrayando la importancia de combatir actitudes discriminatorias y salvaguardar la intimidad de los individuos involucrados.
