Convocatorias en Castilla-La Mancha por el Derecho al Aborto Legal y Seguro
Treinta y siete organizaciones feministas, sociales y sindicales han organizado concentraciones en Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo, el próximo lunes 29 de septiembre a las 19:00 horas. Esta movilización se realiza en el contexto del Día Internacional del Derecho al Aborto Legal y Seguro, que se conmemora el 28 de septiembre. Su principal objetivo es denunciar el «incumplimiento» por parte del Gobierno regional de Castilla-La Mancha en la garantía del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema de salud pública.
Según Amnistía Internacional, más de dos años y medio después de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2023, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no ha implementado medidas efectivas para asegurar el derecho al aborto en la sanidad pública. Esta falta de acción ha llevado a una dependencia excesiva de clínicas privadas y ha generado desigualdades territoriales en el acceso a este derecho fundamental.
Las organizaciones denunciantes han subrayado su inquietud por la «dejadez institucional», que ha creado serios obstáculos para que las mujeres ejerzan su derecho al aborto, afectando en particular a aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad. En el transcurso de los últimos dos años, se han dirigido repetidamente al consejero de Sanidad y a la consejera de Igualdad para solicitar información sobre las medidas adoptadas, incluso utilizando el Portal de Transparencia.
La respuesta oficial de la Consejería de Sanidad, emitida a principios de verano tras una reclamación al Consejo Regional de Transparencia, ha puesto de manifiesto, según Amnistía, una «falta de voluntad política» alarmante. Más del 60% de las mujeres que abortan en Castilla-La Mancha deben desplazarse a otras comunidades autónomas para poder ejercer su derecho.
Entre 2010 y 2023, solo se realizaron 18.895 de los 47.239 abortos practicados a usuarias del Sistema Nacional de Salud de Castilla-La Mancha en la propia región. Esto indica que el 99,94% de los abortos se llevan a cabo en clínicas privadas o concertadas, y solo se han registrado 30 interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos durante 14 años, lo que evidencia un patrón de objeción de conciencia inaceptable a nivel institucional.
Por último, los colectivos organizadores han denunciado la «falta de voluntad» de la Junta para establecer un diálogo con la sociedad civil, a pesar de las múltiples solicitudes de reunión dirigidas a las consejerías de Sanidad e Igualdad.
La movilización busca llamar la atención sobre esta grave situación y exigir al Gobierno regional que cumpla con su deber de garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.
