En España, la consulta de contratos menores en portales oficiales ha sido históricamente un proceso complicado y frustrante. Diversas administraciones utilizan diferentes formatos, imponen barreras técnicas para la búsqueda y, a menudo, los datos presentados son incompletos o erróneos. En respuesta a esta situación, ha surgido una nueva herramienta ciudadana llamada Contratación Abierta, cuyo propósito es hacer que la revisión de estos contratos públicos sea más accesible y sencilla.
La plataforma, accesible en línea, busca transformar un ecosistema disperso en una base de datos integrada y comprensible. Aunque las administraciones públicas están obligadas a publicar estos contratos, no tienen el deber de hacerlo de forma accesible, lo que ha llevado a esta iniciativa a cubrir ese vacío. El acceso centralizado permite a los usuarios investigar contratos específicos, organismos y adjudicatarios sin el tedio de navegar por múltiples sitios web.
En su lanzamiento, Contratación Abierta ofrece acceso a más de 7,5 millones de contratos menores fechados desde 2018, con un valor total de 41,1 millones de euros. Además, comprende un registro de casi 12,000 organismos públicos y más de 400,000 empresas adjudicatarias. Esta amplitud da a los usuarios la capacidad de ir desde la cifra global hasta un contrato particular en pocos clics, facilitando una fiscalización efectiva sobre el uso del dinero público.
La plataforma se organiza en tres secciones clave: una para explorar contratos menores, otra para navegar por organismos públicos y una más para consultar el historial de las empresas adjudicatarias. Esta estructura permite a los interesados acceder a información detallada sobre cada contrato, incluyendo el órgano de contratación, el adjudicatario, los importes y el estado del expediente, todo en un formato que favorece la detección de patrones y tendencias.
Un aspecto destacado es la inclusión de un filtro para identificar contratos que estén cerca del límite legal, lo que ayuda a priorizar revisiones basadas en criterios de riesgo. Este enfoque es invaluable para periodistas, inspectores y ciudadanos que buscan llevar a cabo un control exhaustivo sobre la contratación pública.
La recopilación de datos proviene actualmente de tres plataformas: la Plataforma de Contratación del Estado, la Comunidad de Madrid y el País Vasco. La homogeneidad de los formatos de publicación representa un desafío que el equipo de Contratación Abierta busca superar, con la intención de expandir y diversificar su fuente de información.
Más que números, Contratación Abierta plantea una reflexión sobre el derecho ciudadano a conocer cómo se utilizan los recursos públicos. Al facilitar el acceso a estos datos, la iniciativa busca minimizar las barreras que pueden desincentivar la investigación y el control ciudadano.
La sostenibilidad del proyecto también es una prioridad. Se contempla la opción de recibir aportaciones para ayudar con los costes de mantenimiento y actualización de la base de datos, asegurando así que esta herramienta pueda seguir funcionando y creciendo.
Contratación Abierta representa un avance significativo en la búsqueda de una mayor transparencia gubernamental. Su diseño y enfoque buscan transformar la experiencia del usuario, haciendo que lo que debería ser información accesible sea realmente usable. Si se mantiene y amplía, esta plataforma puede convertirse en un recurso esencial para la fiscalización de contratos menores y la promoción de un gasto público más transparente y responsable.
