Dos personas procedentes de la provincia de Jaén han sido condenadas por un delito contra el patrimonio histórico tras ser sorprendidas realizando excavaciones ilegales en un yacimiento arqueológico protegido de la provincia de Ciudad Real.
Los hechos se produjeron cuando una patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil localizó a los implicados en parcelas agrícolas incluidas en el entorno protegido del enclave, catalogado dentro de la Carta Arqueológica regional. Los acusados se desplazaban hasta esta zona aislada con el objetivo de localizar y extraer piezas de valor histórico, utilizando detectores de metales y herramientas como azadas para remover la tierra.
Al percatarse de la presencia de los agentes, los sospechosos intentaron ocultar los objetos ya extraídos, escondiéndolos bajo el vehículo con el que habían llegado al lugar. No obstante, la rápida actuación policial permitió recuperar las piezas y proceder a su identificación.
Como resultado del proceso judicial, ambos han sido condenados a ocho meses de prisión, además de la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Asimismo, deberán abonar una indemnización de 26.800 euros a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los daños ocasionados, a la que se sumarán intereses legales y costas procesales.
La sentencia subraya que el perjuicio causado no se limita a la sustracción de objetos, sino que implica un daño científico irreparable, ya que la extracción sin control destruye el contexto arqueológico en el que se encontraban las piezas. Desde la administración y los expertos se insiste en que este tipo de prácticas impide reconstruir la historia de los hallazgos, al perderse información clave sobre su origen y relación con otros elementos.
Esta resolución refuerza el compromiso institucional en la lucha contra el uso ilegal de detectores de metales y el expolio arqueológico, con el objetivo de proteger un patrimonio que forma parte de la identidad colectiva de Castilla-La Mancha.
