En una muestra sin precedentes de acción coordinada, los gobiernos autonómicos liderados por el Partido Popular (PP) han levantado la voz en un contundente rechazo a la recién aprobada ley de amnistía por el Congreso, calificándola como una de las medidas más cuestionables en la historia de la democracia española. Acusándola de ser una flagrante violación al principio de igualdad y un ataque directo al Estado de derecho, estas comunidades han anunciado su intención de impugnar la ley ante el Tribunal Constitucional (TC).
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las figuras más destacadas en este movimiento, ha expresado su impaciencia y determinación por liderar esta batalla legal. Según Ayuso, la acción contra la ley forma parte de un esfuerzo nacional dirigido por Alberto Núñez Feijóo, actual líder del PP, con el apoyo unánime de las comunidades autónomas bajo su gobierno. Aunque cada comunidad presentará su recurso de forma independiente, Madrid ha tomado la delantera con la promesa de actuar «ya mismo».
La estrategia de las comunidades del PP incluye esperar la publicación oficial de la ley para encomendar a la Abogacía del Estado la elaboración del recurso. Han subrayado la importancia de actuar conforme a los procedimientos legales sin adelantarse a posibles complicaciones que podrían surgir en el ámbito europeo, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Mientras Madrid lidera el camino, otras comunidades no se han quedado atrás. Tanto Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, como Carlos Mazón, presidente en la Comunidad Valenciana, han criticado duramente la ley, argumentando que compromete la igualdad entre los españoles y entre las diferentes regiones de España. Ambos dirigentes han anunciado movimientos para actuar de manera inmediata contra la normativa, buscando defender los intereses y la voz de sus ciudadanos.
Esta fuerte oleada de rechazo no es exclusiva de las regiones gobernadas por el PP. Otros líderes autonómicos y regionales han expresado también su firme oposición a la ley, indicando un nivel de descontento y polarización que abarca un amplio espectro del panorama político nacional. Voces como la de Alfonso Fernández Mañueco de Castilla y León y Fernando López Miras de la Región de Murcia, junto con líderes de Aragón y Cantabria, han subrayado su compromiso con la lucha legal contra lo que consideran un atentado contra la democracia del país.
La intensa reacción desatada por la aprobación de la ley de amnistía subraya la profunda división y el estado de agitación en la política española, poniendo de relieve las tensiones existentes y anticipando lo que se perfila como una batalla legal de gran envergadura en el ámbito nacional.
