La situación financiera de la Generalitat Valenciana es alarmante. Según un reciente informe de Fitch Ratings, se prevé que la deuda de la comunidad aumente un 25,5% en los próximos cuatro años, alcanzando la asombrosa cifra de 75.300 millones de euros en 2029. Actualmente, esta deuda se sitúa en 60.300 millones. A pesar de mantener una calificación de BBB, lo que indica un grado de inversión aceptable, la realidad es que se encuentra lejos de la excelencia del grado AAA.
Los desequilibrios entre ingresos y gastos son la principal causa de este problema, lo que obligaría a la Generalitat a asumir una mayor carga de deuda. Para mitigar este riesgo, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del Estado ha actuado como un efectivo salvavidas. Sin embargo, la dependencia del 91% de la deuda valenciana respecto al Tesoro Público plantea una presión adicional sobre Madrid, que podría complicar aún más la situación.
Fitch también observa que, aunque el coste de la deuda es bajo —previsto en un 1,5% para 2024—, el coste real del endeudamiento en cuatro años podría ser de 15.000 millones, una cifra superior a los 11.200 millones que el Gobierno debatió en semanas recientes sobre una posible quita de la deuda.
La actual administración autonómica, dirigida por el PP y Vox, ha rechazado la radicación de estas quitas. En caso de que se implementen, podrían reducir el pasivo a niveles más manejables. Sin embargo, Valencia lucha con la mayor deuda en relación a su PIB, en parte por una infrafinanciación crónica y déficits recurrentes que han marcado su trayectoria fiscal.
Sumándose a estas preocupaciones, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha sido clara en sus advertencias, señalando un «riesgo acentuado» de incumplimiento de los objetivos de déficit y gasto en los próximos años. La entidad ha criticado las reformas fiscales del Consell, que están restando ingresos esenciales para el funcionamiento de la comunidad. Iniciativas como la eliminación del impuesto de sucesiones y las bonificaciones en patrimonio podrían generar pérdidas significativas, estimadas en 127 millones para 2024.
La fricción con el Ministerio de Hacienda también complica el panorama. La negativa de la ministra María Jesús Montero a otorgar 2.500 millones adicionales del FLA llevó a la Generalitat a buscar un crédito bancario con tasas de interés más elevadas, lo que no hace más que agravar la situación. AIReF prevé un déficit del 2,5% del PIB en 2025, considerablemente por encima del objetivo del 0,1% establecido por el Gobierno.
Aunque la consellera de Hacienda, Ruth Merino, sostiene que los ingresos tributarios han crecido un 21,5% gracias a un resurgimiento en el sector inmobiliario, AIReF no está convencida de que esta tendencia sea suficiente. Las proyecciones de déficit del Plan Económico Financiero de la Generalitat contrasta con las estimaciones más pesimistas de la AIReF, que anticipa gastos crecientes a pesar de los planes gubernamentales para reducirlos.
Sin ajustes reales y decisiones fiscales prudentes, la deuda de la Generalitat Valenciana podría alcanzar niveles aún más alarmantes. Las rebajas fiscales, aunque atractivas electoralmente, traen consigo riesgos para la solvencia a largo plazo. En medio de la exigencia de disciplina fiscal por parte de Bruselas y Madrid, Valencia se encuentra en una encrucijada que amenaza su estabilidad financiera. Mientras el reloj avanza, la comunidad deberá buscar un equilibrio entre la necesidad urgente de liquidez y los compromisos del futuro.
