El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución penal de un hombre que en 2018 protagonizó un ataque violento en Camarena, Toledo, donde intentó matar a un médico y agredió a su padre y a varios agentes de la Guardia Civil. La sentencia se basa en que el agresor actuó bajo una «intoxicación plena» por el consumo de alcohol y drogas. Como resultado, se evitará su ingreso en prisión, optando por su internamiento en un centro de desintoxicación por un máximo de 15 años.
La decisión ratifica el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ya había modificado parcialmente la sentencia anterior de la Audiencia Provincial. El alto tribunal también impone al agresor el deber de indemnizar al médico con 950.000 euros debido a las graves secuelas que sufrió en el ataque, que incluyeron un año de neurorehabilitación y una discapacidad reconocida del 77%. Además, se le obliga a abonar 651 euros por los daños causados a un vehículo de la Guardia Civil.
Los hechos ocurrieron el 14 de junio de 2018, cuando el acusado, que contaba con antecedentes penales, mantuvo una discusión con su padre en su hogar. Tras golpearlo y destruir muebles, la madre del agresor llamó al servicio de emergencias. En la llegada del médico, el hombre lo atacó sorpresivamente con un palo de madera, continuando la agresión mientras la víctima permanecía inconsciente.
El agresor también amenazó a su padre y a los guardias civiles armándose con un cuchillo, agrediéndolos y causando varias lesiones. Finalmente, fue controlado y trasladado a un centro médico en un estado de «extrema agresividad».
El Tribunal Supremo aplicó el artículo 20 del Código Penal, que exime de responsabilidad penal a las personas que actúan bajo los efectos de intoxicación plena. Sin embargo, el fallo establece que el acusado deberá cumplir una medida de seguridad en un centro especializado y debe afrontar sus responsabilidades civiles debido al daño causado.
Este caso, que ha suscitado un intenso debate sobre la violencia y las eximentes de responsabilidad, pone de relieve las secuelas físicas y psicológicas sufridas por la víctima, generando controversia en la sociedad sobre la aplicabilidad de estas normativas en situaciones de agresión.
