El Consejo de Gobierno ha aprobado un informe sobre el Sistema para la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia, cuyas conclusiones sustentan la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de solicitar al Gobierno central la convocatoria de una Conferencia Sectorial para abordar la deuda que acumula el Estado en la financiación en esta materia.
Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado hoy de forma excepcional en la localidad de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real), y en la que ha comparecido junto a la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández.
De esta forma, la titular de Bienestar Social ha afirmado que la intención del Ejecutivo regional es que la Administración General del Estado plantee compromisos y soluciones eficaces en relación a la deuda con las comunidades autónomas “para hacernos corresponsables en la financiación de la Atención a la Dependencia”.
García Torijano ha explicado que es una reivindicación que “nos compete a todas las regiones” y Castilla-La Mancha considera importante que, “antes de tomar nuevos acuerdos en materia de dependencia como así se está planteando por parte del Ministerio, primero se resuelva la deuda pendiente y se haga un estudio económico” con el fin de determinar los costes de los nuevos criterios que se quieren introducirse en materia de acreditación de calidad de centros y servicios, “lo que, bajo nuestro punto de vista, pondría en serios problemas y en riesgo al sector” y afectaría a las plazas residenciales, según ha añadido la consejera.
Una deuda generada por el anterior Gobierno y acumulada desde 2012
El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Bienestar Social, realiza todas las políticas relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia, cuya protección social genera unos costes muy elevados, ha explicado García Torijano.
Para hacer frente a este gasto público que se genera, la Ley de Dependencia diseña un sistema de financiación que parte de la corresponsabilidad y colaboración entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, en el marco del Consejo Territorial del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) y que establece tres niveles de protección.
Por un lado, está el Nivel de Protección Mínimo establecido por la Administración General del Estado, que se asigna a las comunidades autónomas considerando el número de beneficiarios, el grado de dependencia y la prestación reconocida. Por otro lado, se encuentra el nivel de protección que se acuerde entre la Administración General del Estado y las administraciones regionales de cada una de las comunidades autónomas a través de los convenios previstos que recogen criterios de reparto. Y, por último, está el Nivel Adicional de Protección que pueda establecer cada Comunidad Autónoma.
En este sentido, la consejera ha detallado cuál fue el punto de inflexión del Gobierno central para empezar a generar esta deuda que hoy supera “los 800 millones de euros con esta región”.
“Las cuantías recibidas por Castilla-La Mancha en concepto de Nivel de Protección Acordado pasaron de 16,8 millones de euros en 2011 a cero a partir de 2012”, ha afirmado la consejera, aseverando también que “el Partido Popular, cuando llegó al Gobierno, se cargó por completo el Nivel Acordado que se destinaba a las políticas de Atención a la Dependencia y redujo el Nivel Mínimo, lo cual supuso una deuda importante que, poco a poco, hemos ido asumiendo las comunidades autónomas, financiando cada vez más con fondos propios para poder hacer frente a estas políticas y seguir creciendo en ellas en beneficio de la ciudadanía”, ha sentenciado García Torijano.
El pasado año se firmó un convenio con el Ministerio de Derechos Sociales, que suponía fijar un importe total del nivel acordado para Castilla-La Mancha superior a 32 millones de euros y que se financiaron al 50 por ciento entre las dos administraciones. “Este convenio suponía mejorar la aportación del Estado a la financiación del Sistema de la Dependencia, tal y como el Gobierno del presidente Emiliano García-Page viene reclamando desde el año 2015” y para este año 2022 también existe el compromiso de seguir incrementando esa financiación, ha señalado la consejera.
Sin embargo, “no es suficiente para equilibrar la financiación corresponsable que reclama el Ejecutivo regional”, tal y como ha afirmado la consejera de Bienestar Social, ya que “Castilla-La Mancha aporta actualmente un 79 por ciento en comparación con el 21 por ciento de financiación que aporta el Estado”.
En total, entre el Nivel de Protección Mínimo y el Acordado, desde el Ejecutivo regional “hemos contribuido en 2021 con más de 468 millones de euros, mientras que la Administración central pone unos 100 millones de euros”, ha detallado García Torijano.
Castilla-La Mancha, segunda región de España en el Sistema de Atención a la Dependencia
Es un “gran esfuerzo” presupuestario y de recursos empleados en reforzar el Sistema de Atención a la Dependencia con fondos propios que, según ha valorado Bárbara García, ha obtenido resultados muy favorables, ya que Castilla-La Mancha ha logrado consolidarse como la segunda región a nivel nacional, en relación a los datos que se extraen del XXII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, “que nos califica con un notable alto, en concreto un 8,1 de valoración, habiendo conseguido recuperar posiciones y superar el suspenso de 2015, con un 4,6, en el que nos dejó el desmantelamiento de políticas sociales del Partido Popular”, ha concluido la consejera.
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