España está dando pasos significativos hacia un mayor control del consumo de alcohol en la conducción, con la reciente aprobación en el Congreso de una proposición de ley impulsada por el PSOE. Esta iniciativa propone una drástica reducción en los límites de alcohol permitidos, buscando alinearse con las normativas de países europeos como Estonia, Noruega, Polonia y Suecia. Según la nueva legislación, el límite de alcohol en aire espirado pasaría de 0,25 a 0,10 miligramos por litro, mientras que en sangre se reduciría de 0,5 a 0,2 gramos por litro.
El respaldo a esta iniciativa ha sido considerable en sus primeras etapas, con el apoyo de los socios del Gobierno y la abstención del Partido Popular. Manuel Arribas, portavoz del PSOE, ha enfatizado el propósito de esta medida: «No se trata de beber poco, sino de no beber nada al volante». Este enfoque busca centrar el debate en la seguridad vial, promoviendo un consenso amplio para la aprobación de esta legislación.
Además de la reducción de límites, la propuesta incluye la prohibición de publicar en redes sociales la ubicación de los controles de alcoholemia, con el objetivo de reforzar las capacidades de las autoridades en la aplicación de las leyes de tráfico. Estudios han demostrado que incluso cantidades moderadas de alcohol pueden aumentar de manera alarmante el riesgo de tener un accidente mortal, lo que refuerza la necesidad de implementar estas reglas más estrictas.
No obstante, la propuesta ha suscitado críticas, especialmente por parte del Partido Popular. Bella Verano, su portavoz, ha argumentado que falta un fundamento técnico sólido y sugiere que la moción podría responder más a una táctica política que a un verdadero interés en mejorar la seguridad en las carreteras.
La legislación también establece una nueva clasificación de infracciones por consumo de alcohol. Aquellos que registren niveles de entre 0,2 y 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre enfrentarán sanciones graves, que incluyen la pérdida de dos puntos del carné de conducir y una multa de 100 euros. Por otro lado, niveles más altos se considerarán muy graves, con conseguentes penalizaciones de hasta seis puntos y multas que alcanzan los 1,000 euros. Es relevante destacar que estas normas se aplicarán de manera uniforme a todos los conductores, eliminando las distinciones que anteriormente existían entre noveles y profesionales.
A pesar del avance legislativo y el apoyo del Gobierno, algunas voces han expresado que la propuesta podría no ser lo suficientemente ambiciosa y sugieren que se presenten enmiendas en las próximas fases del proceso legislativo. A medida que esta propuesta avanza en el Congreso, España se aproxima a convertirse en un referente en materia de legislación sobre seguridad vial, dando un paso firme en la lucha contra la conducción bajo los efectos del alcohol.
