Una estafa de 80.000 euros ha sido desmantelada por la Guardia Civil tras una exhaustiva investigación en las provincias de Murcia y Alicante. La trama se originó en mayo de 2025, cuando una empresa murciana dedicada al acero denunció un engaño en una transacción comercial. Los estafadores utilizaron identidades falsas y la credibilidad de una compañía alicantina que, para ese momento, ya había cerrado, para apoderarse de toneladas de material metálico sin realizar el pago correspondiente.
La operación, denominada Rajods, se inició gracias a la denuncia de la empresa afectada. Esta había cerrado un acuerdo con una hipotética firma ubicada en el Baix Vinalopó, sin prever que se trataba de una trampa bien elaborada. Las investigaciones revelaron un ingenioso doble fraude: la empresa alicantina señalada como compradora llevaba meses sin operar y su antiguo gerente no estaba al tanto de la transacción. Los estafadores suplantaron tanto la identidad de esta compañía como la de su representante legal, utilizando su preexistente buena reputación para evitar levantar sospechas.
El material sustraído incluía 40 toneladas de correas galvanizadas y 25 toneladas de chapa ondulada, que fueron almacenados en un depósito de Torre Pacheco, Murcia, y vendidos rápidamente por debajo de los precios del mercado, complicando su rastreo. Además, los delincuentes emplearon la identidad de un tercero no relacionado con el caso para adquirir líneas telefónicas prepago, lo que les permitió comunicarse sin despertar alertas.
El caso tomó un giro significativo gracias a la colaboración ciudadana, donde testigos proporcionaron descripciones detalladas de los implicados, lo que permitió a los agentes identificar a uno de los presuntos autores y llevar a cabo las primeras detenciones. En julio, la Guardia Civil arrestó a dos hombres y a otros tres se les investiga, todos con edades de entre 38 y 67 años, algunos con antecedentes por delitos similares.
Entre lo incautado se encuentran partes del material robado, halladas en diversas propiedades de la región. Posteriormente, el caso fue remitido al Juzgado de Instrucción de Orihuela, donde se investigan delitos de usurpación de estado civil y estafa.
Este acontecimiento pone de manifiesto la complejidad de las redes de fraude, así como la relevancia de la cooperación ciudadana en la resolución de estos delitos. Mientras se avanza en las diligencias judiciales, la empresa afectada trabaja en su recuperación, recordando los riesgos que conlleva el comercio de alto valor en un entorno donde las identidades pueden ser fácilmente manipuladas.
