En los últimos cinco años, la Xunta de Galicia ha suscrito un total de 170 acuerdos bilaterales con cinco grupos editoriales propietarios de doce periódicos locales, tratos que en conjunto ascienden a más de 6,6 millones de euros. Estos pactos, llevados a cabo bajo las administraciones de Alberto Núñez Feijóo y su sucesor, Alfonso Rueda, se han realizado al margen de cualquier concurso público, levantando sospechas sobre la transparencia y objetividad detrás de esta asignación de fondos.
La falta de competitividad en el proceso de selección y la ausencia de fiscalización previa de estos convenios plantean serias dudas sobre la efectividad y el destino de los fondos, cuyos propósitos van desde la promoción de la lectura en colegios hasta la difusión de información gubernamental. Sin embargo, las justificaciones ofrecidas por los medios de comunicación concernientes a cómo se utilizarán los fondos o cómo se evaluara el cumplimiento de los objetivos pactados resultan, en muchos casos, vagas e insuficientes.
Además, las cifras revelan que los beneficiarios principales de estos acuerdos resultaron ser grandes empresarios mediáticos de la región, con Santiago Rey, de La Voz de Galicia, encabezando la lista con ingresos por 3,77 millones de euros. Tras él, se encuentran destacadas fig Yankees de la industria como Javier Moll de Prensa Ibérica y otros dueños de conocidos periódicos gallegos, quienes juntos acumulan sumas significativas además de otras ayudas gubernamentales.
Estos convenios no solo ponen en cuestión la distribución equitativa de los recursos públicos sino que también se entremezclan con periodos de alta actividad electoral en Galicia, lo que podría sugerir una intencionalidad política detrás de la generosidad económica.
La multiplicidad de elecciones celebradas entre 2019 y 2024, la mayoría de las cuales fueron ganadas por el Partido Popular, genera interrogantes acerca de la influencia que estos acuerdos pudieron haber tenido sobre la cobertura mediática y la opinión pública durante tan críticos periodos electorales. La falta de un proceso de selección transparente y abiertamente competitivo para la asignación de estos fondos subraya la necesidad de un escrutinio más riguroso y una mayor rendición de cuentas en la interacción entre el gobierno regional y los medios de comunicación.
