Un empresario español y sus dos colaboradores marroquíes fueron detenidos recientemente por las autoridades españolas, acusados de favorecer la inmigración ilegal, estafa y falsificación de documentos. El empresario ofrecía su empresa para contratar inmigrantes irregulares del Magreb a cambio de sumas de dinero que llegaron a alcanzar los 6.300 euros. Las víctimas, que querían regularizar su situación y trabajar legalmente en España, firmaban un contrato ficticio y una vez presentada la solicitud de residencia, el empresario daba de baja al supuesto trabajador en los servicios de la Seguridad Social.
La investigación se inició gracias a la denuncia de una de las víctimas, lo que llevó a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Comisaría Provincial de Almería a rastrear al empresario en la localidad de Valdepeñas. La colaboración del Grupo Operativo contra la Trata de Personas (GOTP) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Ciudad Real fue crucial para su detención.
El juzgado encargado del caso ha decretado libertad provisional para todos los detenidos. La Policía Nacional ha informado de que las víctimas creían que el dinero que pagaban era para la prestación de servicios por parte de la empresa del empresario. Este caso es un ejemplo más de la explotación de la inmigración ilegal en España y la necesidad de tomar medidas legales y de protección para evitar este tipo de situaciones.