En el epicentro de una disputa institucional, la Fiscalía Anticorrupción española y la Fiscalía Europea se encuentran enredadas en una lucha de competencias en torno al caso Koldo, ligado a presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19. La contienda surge a raíz de la pretensión de la Fiscalía Europea de asumir la totalidad de la investigación, una propuesta que ha sido tajantemente rechazada por la Fiscalía Anticorrupción española.
En este marco, el fiscal Luis Pastor Motta ha realizado un llamado al magistrado Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, instándole a presentar la controversia ante el Tribunal Supremo para dirimir definitivamente qué entidad deberá encargarse de la investigación. La solicitud de Pastor Motta se basa en el análisis de los flujos financieros involucrados en el caso, destacando que de los aproximadamente 51.9 millones de euros comprometidos en las transacciones investigadas, una gran mayoría, 38 millones de euros, proviene de fondos nacionales, en contraposición a los 13.9 millones de euros originarios de fondos de la Unión Europea.
Este escenario refleja una tensión latente entre ambos organismos judiciales, en un contexto donde la delimitación de competencias no se establece de manera subordinada. La Fiscalía Europea, con sede en Luxemburgo, argumenta su intervención en base a su análisis, que sugiere que las acciones objeto de investigación conforman parte de una red de irregularidades que se extiende a través de varias comunidades autónomas españolas. Sin embargo, desde la perspectiva de Pastor Motta, los hechos investigados constituyen una injerencia mayoritariamente en el ámbito nacional que en el comunitario.
La resolución de este conflicto de competencias depende ahora del criterio del Tribunal Supremo, cuya decisión no solo marcará el futuro del caso Koldo sino que, además, podría establecer un precedente relevante en cómo se resuelven futuras disputas entre la Fiscalía Anticorrupción española y la Fiscalía Europea. Este hecho suscita gran interés público y atención mediática, ya que dibuja un escenario inédito en la dinámica entre las instituciones judiciales españolas y las entidades europeas encargadas de velar por la correcta administración de los recursos financieros de la UE. La determinación sobre qué organismo posee la competencia para llevar adelante la investigación no solo es crucial para el desenlace del caso Koldo sino también para el establecimiento de un marco de operación más claro entre las instituciones judiciales a nivel nacional y supranacional.
