La exministra de Igualdad e integrante de Podemos, Irene Montero, ha alzado la voz ante lo que considera un ataque a la democracia por parte de «sectores golpistas» en la Justicia, en el contexto del reciente procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta acusación surge tras una decisión del Tribunal Supremo que somete a juicio a García Ortiz por presuntos delitos de revelación de secretos, relacionado con un caso que implica a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Montero, en un acto público, subrayó que esta situación refleja la existencia de influyentes actores dentro del sistema judicial que operan fuera de las normas democráticas, afirmando que hay «golpistas que tienen poder para mandar sin presentarse a las elecciones». Esta crítica se extiende hacia lo que Montero considera una «guerra sucia judicial», en la que el Gobierno y el PSOE serían cómplices al haber acordado la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el Partido Popular. Para ella, este pacto ha permitido una «ofensiva reaccionaria y machista», que estaría ligada a los recientes ataques a ley del ‘solo sí es sí’.
En un tono alarmante, la exministra advirtió que estos comportamientos podrían representar «una herida de muerte a la democracia». Desde su partido, se están tomando medidas para construir una izquierda robusta que se oponga a lo que ella considera un bipartidismo que facilita la impunidad de los «golpistas». Esta situación ha reabierto las heridas entre progresistas y conservadores en un clima político y judicial altamente polarizado.
Con el Tribunal Supremo avanzando en el proceso judicial, las críticas desde la izquierda hacia la actuación del sistema judicial no cesan, aumentando la tensión en un entorno ya de por sí complicado.
