En un giro preocupante para la equidad y la competencia en el mercado de la construcción, la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores (AECP) de la Provincia de Las Palmas ha señalado un alarmante incremento en la contratación directa de empresas públicas para la realización de obras y servicios que, según insisten, deberían abrirse a concurso público. Este fenómeno parece ser parte de una dinámica más amplia a nivel nacional que perjudica en especial al sector de la construcción.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha documentado un aumento del 77% en la asignación directa de proyectos a entidades públicas entre 2021 y 2022, una tendencia que ha disparado las alarmas entre empresarios y constructores. La percepción general es que este patrón amenaza los principios de libre competencia y equidad en las licitaciones públicas, pilares fundamentales para un mercado justo y dinámico.
Este año, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, llevó estas preocupaciones ante la Comisión Europea, destacando asignaciones directas que considera injustificadas a compañías como Ineco y Tragsa. En una clara muestra de la magnitud del problema, en 2024, se registraron 1.554 licitaciones asignadas a corporaciones estatales, con Tragsa liderando la lista al acaparar 653 encargos de diversos niveles administrativos, lo que representa cerca del 40% del total de dichas adjudicaciones. Por su parte, Ineco obtuvo 170 contratos, sumando ambas empresas adjudicaciones por un valor de 1,3 mil millones de euros.
Este escenario ha generado controversia, reflejada no solo en las cifras, sino también en decisiones judiciales, como la del Tribunal Supremo de Justicia del Principado que falló a favor de la Confederación Asturiana de la Construcción (Asprocon) en su disputa por estas asignaciones directas. Según María de la Salud Gil, presidenta de la AECP de Las Palmas, el actual modelo de contratación se prefiere por su comodidad y para evitar las complicaciones de los procesos de licitación abierta, lo que lleva a críticas por la manera en que se subvalúan las ofertas y se terminan adjudicando proyectos a empresas como Tragsa, a menudo a costos justos de mercado, dejando en desventaja a las firmas privadas.
Este fenómeno abre una conversación más amplia sobre eficiencia y transparencia en las prácticas de contratación pública en sectores clave para el desarrollo económico y la infraestructura. La preferencia por las entidades estatales para la realización de proyectos exige una revisión minuciosa de los procesos de licitación para promover una competencia justa que beneficie a todos los actores del sector, aprovechando eficientemente los recursos públicos y fomentando la innovación y calidad en la construcción. La situación actual resalta la importancia de un equilibrio que permita la entrada equitativa y la participación activa tanto de empresas públicas como privadas en el mercado de la construcción.
