El liderazgo de Alvise Pérez dentro del partido Se Acabó la Fiesta se mantiene al margen de las investigaciones legales, a raíz de las acusaciones presentadas contra la entidad Madeira Invest Club por presunta estafa piramidal. La investigación, liderada por el Juzgado Central de Instrucción Número 4 a cargo del juez José Luis Calama, ha puesto el foco en Álvaro Romillo, conocido como “CryptoSpain” y vinculado a Alvise Pérez, y otros administradores de la plataforma.
A pesar de los intentos de los demandantes por involucrar al eurodiputado en las pesquisas, el tribunal ha decidido no remitir el caso al Tribunal Supremo, argumentando una insuficiente evidencia de responsabilidad penal en contra de Pérez. El juez Calama ha subrayado la importancia de presentar una descripción detallada y exhaustiva de los hechos antes de proceder a implicar a un aforado en such asunto.
Por otro lado, la admisión de querellas por parte de varias asociaciones, entre ellas la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, pone de manifiesto la gravedad de las acusaciones de estafa. Estas querellas sugieren la existencia de suficientes indicios que podrían configurar un delito de estafa, cayendo bajo la competencia de la Audiencia Nacional debido a la magnitud del fraude y el número de afectados.
El bufete Aránguez Abogados, representante de la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, estima que el fraude ascendería a 300 millones de euros, afectando a más de 500 personas. Romillo, bajo el alias “CryptoSpain”, se habría promocionado como un experto en criptomonedas y estrategias de elusión fiscal, captando inversores mediante estas habilidades.
Este caso sigue desarrollándose, poniendo en la mira las plataformas de inversión en criptomonedas y sus prácticas, especialmente prestando atención a cómo se promocionan y gestionan dichas inversiones, así como a la protección de los consumidores frente a posibles estafas.
