El debate sobre tarifas y movilidad en Palma se encuentra en el centro de la agenda política local, especialmente tras la reciente decisión de Vox de frenar la propuesta del PP de incrementar las tarifas de los aparcamientos rotatorios municipales en un 10%. Esta medida fue retirada del pleno, gracias a la firme postura de Vox, que se opone a cualquier aumento de precios, priorizando la accesibilidad económica para los ciudadanos. El concejal de Movilidad, Toni Deudero, argumentó que la falta de ajustes desde 2020 y la presión inflacionaria justificaban un incremento, pero Vox se mantuvo firme en su posición, argumentando que el encarecimiento de los aparcamientos agravarían la situación en el centro, donde ya existen limitaciones de espacio.

Este desacuerdo ha dejado en evidencia un claro conflicto dentro del gobierno municipal, mientras que el enfoque sobre la movilidad se traslada a uno de los servicios más utilizados en la ciudad: las bicicletas públicas. A partir del 1 de agosto, el sistema BiciPalma, que cuenta con el visto bueno de Vox, aplicará cambios significativos que afectarán el uso de las bicicletas eléctricas, conocidas por su color rosa. La primera media hora dejará de ser gratuita y pasará a costar 35 céntimos. La escalada tarifaria será notable, alcanzando los 7 euros por hora tras las dos horas de uso. Además, se eliminarán los abonos temporales y las bonificaciones para jóvenes, quedando solo la opción de una cuota anual que aumentará de 24 a 30 euros.

El Ayuntamiento ha justificado este nuevo modelo como un esfuerzo por priorizar las bicicletas mecánicas, consideradas más baratas y sostenibles, y para prolongar la vida útil de las eléctricas, que actualmente representan el 43% de los viajes a pesar de conformar solo el 30% de la flota. Sin embargo, la oposición, compuesta por PSOE y MÉS, ha criticado estas medidas, considerándolas un parche insuficiente que no aborda el verdadero problema: la falta de estacionamientos en el área del Ensanche.

Así, Palma se enfrenta a un dilema en su camino hacia la movilidad sostenible. Mientras los ciudadanos pueden respirar aliviados por el hecho de que los precios de estacionamiento no se incrementarán, la realidad es que pedalear dentro de la ciudad costará más, lo que provoca cuestionamientos sobre qué tan accesibles serán realmente las alternativas sostenibles en el futuro. La balanza entre coches y bicicletas continúa siendo una preocupación central para los residentes y para el futuro del transporte urbano en la ciudad.