En un reciente episodio que tuvo lugar en los juzgados de Plaza de Castilla, Madrid, la controversia se hizo presente cuando Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, acudió para prestar declaración en calidad de investigada. Este evento atrajo la atención y la congregación de varios grupos de protesta pertenecientes a sectores de la extrema derecha, quienes hicieron caso omiso a la prohibición de realizar grabaciones en el interior del edificio judicial.
La presencia de estas protestas se intensificó antes de la llegada de Gómez, generando un clima de tensiones. A pesar de las resoluciones del juez Juan Carlos Peinado, quien había permitido la participación de accionistas populares, incluida la organización Hazte Oír, varios individuos procedieron a sacar sus teléfonos móviles y a grabar la entrada de Gómez a la sala, en abierta contradicción con las medidas establecidas para garantizar los derechos de la investigada y el correcto desarrollo de la sesión.
El incidente no se limitó a los activistas mencionados. Incluso, la entrada a la sexta planta, ubicación del Juzgado de Instrucción número 41, estaba restringida a un grupo selecto de periodistas, lo que no impidió que varios agitadores, entre ellos identificados como Vito Quiles y Josué Cárdenas bajo el supuesto de ser asistentes de partes acusadoras, lograran infiltrarse y realizar registros visuales de los acontecimientos.
Estos hechos culminaron cuando, poco después de que Gómez se retirase del lugar, un vídeo breve fue compartido por Okdiario, capturando a la esposa del presidente del Gobierno siendo escoltada por su equipo de seguridad por los pasillos del edificio, en una clara muestra de las deficiencias en las medidas de seguridad, responsabilidad de María Jesús del Barco, decana de los Juzgados de Plaza de Castilla.
Esta serie de sucesos revela una falla considerable en la disposición de seguridad y en la protección de los derechos individuales dentro del marco judicial, alimentando la controversia y llamando la atención sobre la efectividad de las restricciones existentes. A pesar de las medidas adoptadas, parece haber una brecha notable que permite la vulneración de la privacidad y la seguridad de las personas involucradas en procesos judiciales, en este caso, Begoña Gómez, quien, escoltada por seguridad, debió enfrentar no solo el proceso judicial sino también la hostilidad y exposición mediática indebida.
