El pasado martes, el Ayuntamiento aprobó una nueva normativa dirigida a los propietarios de terrazas interesados en cerrarlas con cristaleras. Esta legislación establece que aquellos que lleven a cabo cerramientos sin el permiso adecuado de la comunidad de propietarios deberán asumir los costes de desmontaje de las estructuras no autorizadas.

La medida responde a un incremento notable de quejas vecinales sobre cerramientos no permitidos, los cuales en muchas ocasiones alteran tanto la estética de los edificios como la convivencia entre los residentes. La normativa especifica que los cerramientos solo podrán realizarse con la autorización formal de la comunidad, siguiendo un proceso establecido.

Además de enfrentar sanciones económicas, los propietarios que infrinjan esta normativa deberán cubrir los gastos significativos del desmantelamiento de las estructuras. El Ayuntamiento defiende la medida como una manera de mantener el orden y el respeto hacia las normas de convivencia en los edificios.

Diversas comunidades de propietarios han manifestado su apoyo a esta iniciativa, destacando que ya han surgido conflictos a raíz de cerramientos no aprobados. Representantes de una asociación de vecinos enfatizan la importancia de proteger el derecho a la convivencia y a la estética arquitectónica.

Sin embargo, algunos propietarios critican la nueva regulación, argumentando que los cerramientos ofrecen comodidad y reflejan tendencias actuales de diseño urbano. A pesar de ello, el Ayuntamiento subraya que existen opciones para formalizar estos espacios siempre que se sigan los procesos legales.

La normativa entrará en vigor en las próximas semanas, buscando generar un cambio en la manera en que los propietarios gestionan el cerramiento de sus terrazas, promoviendo la colaboración vecinal y el respeto por las normas comunitarias.